El 13 de marzo es el día del calendario asignado a la seguridad social en el Ecuador. En 1928 cuando en el país se comenzó a consolidar una legislación de carácter eminentemente social con el establecimiento obligatorio de afiliación a los seguros de vejez, invalidez y muerte, aun cuando estas prestaciones estuvieron dirigidas únicamente a los empleados públicos, de los bancos y a los militares, se iniciaba bajo feliz iniciativa un largo camino que ya cuenta con 94 años de vida. El sistema ha ido creciendo -aun cuando- se han identificado múltiples problemas  que siempre han estado latentes, pero que, en los últimos años se han hecho más notorios, poniendo en riesgo la permanencia del sistema.

La población protegida por el sistema llegaría a por lo menos siete millones y medio de ecuatorianos, sumados más o menos tres millones de afiliados al seguro  general obligatorio, una población de más de un millón y medio de  campesinos, los afiliados voluntarios radicados fuera del país, los afiliados individuales, los afiliados como profesionales, más de medio millón de jubilados, las viudas y los huérfanos, la protección en salud a los hijos de los afiliados desde su concepción y hasta los 18 años. Toda esta amplia población resguardada por el Sistema exige mayor eficiencia en la concesión de las prestaciones y servicios propios de la seguridad social por mandato constitucional y legal.

El IESS que celebra este próximo 13 de marzo sus 94 años de existencia precisa un examen técnico-actuarial, económico financiero  de su situación actual, -con ese diagnóstico- se debe  hacer las correcciones profundas que el sistema requiere con urgencia, a fin de fortalecer a esta querida institución que es la que mayor esperanza ofrece en su filosofía a la población. Es grave reconocer que vertiginosamente disminuyen las reservas económicas del IESS administradas –como inversiones-  por el Banco de su propiedad, La situación es grave dada la crisis económica mundial y la particular que vive el Estado ecuatoriano, con su millonario endeudamiento externo y en lo interno con una millonaria deuda al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

En los últimos años de vida institucional el IESS viene siendo objeto de severa crítica. Se señala con verdad que ha existido una irresponsable actitud por parte de los administradores del Estado frente a la seguridad social, esto se refleja no solamente con la deuda  millonaria del Estado con el IESS, sino con las otras instituciones –que en conjunto- forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Social, me refiero al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas  -ISSFA- y al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional –ISSPOL-. Sin embargo de lo cual y de esta monstruosa deuda que suma millones por el pago de la contribución obligatoria del Estado del 40 %  para el pago de pensiones, otro tanto de millones  en relación con atención en salud y el reconocimiento del déficit actuarial desde  el 2003 a la fecha, el IESS ha venido cumpliendo con sus obligaciones constitucionales y legales.  Reiteramos se hace urgente una revisión integral actuarial, económico-financiero-administrativo y prestacional, con el propósito de viabilizar su permanencia en el tiempo, adecuándolo a la época, estableciendo correctivos y corrigiendo desviaciones.

Pero, hay que advertir, el problema del IESS  y del Sistema Nacional de Seguridad Social no se solucionara solamente con  enmiendas a la actual Ley de Seguridad Social, ni siquiera de una nueva Ley o de la emisión de un Código de la Seguridad Social que englobe a las instituciones de seguridad social que conforman el sistema Nacional de esta materia. Nada ganaremos con un nuevo marco jurídico sino tratamos el tema de la deuda del Estado y el compromiso constitucional y legal -permanentemente incumplido por el Estado y sus administradores de turno- por los gobiernos de turno-. Nada ganaremos con un marco jurídico que cree nuevas expectativas en las prestaciones y servicios de la seguridad social,  si la Asamblea Nacional  sigue aprobando   cada año el Presupuesto General del Estado, sin que conste en el mismo los valores que el Estado debe cancelar anualmente a la seguridad social y además que el Ministerio de  Finanzas los transfiera oportunamente, conforme manda el Art. 371 de la Constitución de la República. Podemos construir la mejor estructura legal para la seguridad social, pero si no existe el compromiso del Estado, de los empleadores y los trabajadores a respetar la Constitución y la Ley, si no hacemos los mayores esfuerzos       para manejar técnicamente la noble institución,  despolitizarla y por tanto dejar de ser botín de los partidos políticos que acceden al poder, no servirá de mucho ninguna reforma.  (O)