El gobierno del presidente Lasso acaba de inaugurarse en la protesta social, expresada en demostraciones de fuerza por parte de grupos beligerantes que, por definición, se alinean con su estrategia contestataria desestabilizadora. Haciendo uso de su legítimo derecho a la libre expresión, manifiestan su oposición a todo lo que no sea de su autoría y pretenden imponer sus caprichos, despreciando la opinión de una mayoría de ecuatorianos silenciosos que no necesariamente piensan igual. Las manifestaciones pacíficas están aceptadas, teniendo como límite el respeto a los bienes públicos y privados, así como a las personas.

No cabe duda de que la crisis económica iniciada en 2015 y agravada en 2020 con la pandemia del covid-19, deja una estela de distorsiones que no se borran por el mero hecho de haber logrado una exitosa campaña de vacunación, o haber asumido un nuevo gobernante, el mando del Ejecutivo. Tanto a nivel local como internacional, observamos que algunos factores salen de control en función de las fuerzas del mercado. Ejemplo son los altos precios del petróleo y sus derivados, los fletes marítimos, los productos básicos alimenticios como maíz, azúcar, trigo, el papel. No existe gobierno en el mundo que pueda interferir legalmente en la libre competencia.

Ecuador es dependiente en alto grado de la importación de insumos, materias primas, bienes de capital, tecnología, etc., por lo que recibe el impacto directo en su economía dolarizada, sin que pueda amortiguar el golpe con ajustes cambiarios. De la misma manera, se beneficiaría en caso de baja de precio de esos bienes, indispensables para atender la demanda local. Caso crítico es el diésel, que no se produce en el país y debe ser importado por el Estado, que monopoliza su comercialización, pagando los precios internacionales para venderlos al precio ‘político’ que le permiten las circunstancias.

En este escenario, cabe meditar ¿hacia dónde exactamente están dirigidas las protestas por el encarecimiento de la vida? ¿Acaso es una protesta contra las fuerzas del mercado que provocan el encarecimiento? No cabe duda de que es muy limitada la capacidad de maniobra legítima de los gobiernos para controlar esas distorsiones que obedecen a demanda versus oferta, y se ajustarán por su propia dinamia en corto o mediano plazo. Porque precisamente esas elevaciones de precios motivan el incremento de su oferta, con lo cual los precios volverán hacia abajo y muchas veces hasta por debajo del costo de producción.

Lamentablemente, estos fenómenos estrictamente económicos que imperan en occidente, están contaminados por la política, que utiliza estas realidades para sacar provecho propio, responsabilizando al gobierno de turno del encarecimiento de la vida, proponiendo soluciones demagógicas que se resumen a que sea el Estado -que somos todos- el que asuma la elevación del costo de bienes y servicios en beneficio indiscriminado de la población, beneficiando injustamente a quienes no deben ser subsidiados por el Estado. La consecuencia es un debilitamiento de la Caja Fiscal, que no puede atender las necesidades prioritarias de sus ciudadanos en salud, educación, seguridad y todas sus competencias básicas.

No cabe duda de que existe un segmento de la población que no ha logrado construir un modus vivendi digno, y requiere la ayuda estatal para vivir, al menos con lo básico. Es en estos sectores empobrecidos, con especial énfasis en los niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad, que debemos enfocar la ayuda estatal efectiva. No cabe que los grupos de presión ‘pesquen a río revuelto’ emergiendo como salvadores del pueblo atormentado por una crisis económica, agravada por su propia incompetencia. La lucha social no debe deslegitimarse en beneficio de oscuros intereses.

¡AYUDEMOS A QUIENES LO MERECEN!