La administración Espín suscribió una Alianza Estratégica con la empresa GLOBAL PARTS para la gestión de desechos sólidos en el cantón Latacunga. Su duración sería de 10 años a partir de noviembre 2010. Se estableció un costo de $36 por tonelada de basura entregada en el botadero municipal, y la obligación de dotar de los equipos y personal necesarios, que incluían 400 contenedores, 2 recolectores y 1 lavador.
GP llegó a instalar 300 contenedores y apenas podía recoger 43 TM/dia, inferior a 85 TM proyectadas por EPAGAL. Empezaron los problemas que argumentó la empresa municipal para dejar de pagar las planillas desde noviembre 2013 hasta septiembre 2014. GP presentó demanda por terminación del convenio y pago de lo adeudado. El Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio de Quito (acordado en el convenio) en abril 2016 declara terminado el contrato y manda a pagar lo adeudado por aproximadamente dos millones de dólares más el valor residual de los equipos utilizados. EPAGAL no presenta ningún escrito y este queda EN FIRME.
Inmediatamente abandona la gerencia Francisco Estrella y se posesiona la nueva gerente. Entrega estados financieros cortados a la fecha, que NO registran la deuda a GLOBAL PARTS. El dinero recaudado por recolección de basura no aparece en EPAGAL. De contabilizarse la deuda dictaminada, el patrimonio de la empresa pública habría desaparecido, entrando en QUIEBRA al superar los pasivos a los activos. La nueva admnistradora se negó a contabilizar la deuda hasta pagar en dividendos hasta 2018.
Ante esta panorama financiero, en julio 2016 se descubre una MÁGICA solución mediante la promulgación de una Ordenanza que, plagada de ilegalidades, mantiene la tasa de 13% del consumo de energía eléctrica, por recolección y transporte hasta el botadero, INCREMENTANDO “UNO Y DOS DOLARITOS” por la disposición final, que se ofrecía hacerlo en un relleno sanitario del que no existía ni estudios. Así ingresaron alrededor de UN MILLÓN DE DÓLARES por año hasta la presente.
Aproximadamente tres millones de dólares recolectados indebidamente por ese dolarito, solamente podrían cobrarse “desde el día en que hubiera entrado en funcionamiento el relleno sanitario”. Mientras tanto, NO se podía utilizar en compra de contenedores, equipo de recolección, cierre técnico del botadero, o pago de la deuda a GLOBAL PARTS. Estos debían salir de los ingresos que genera la tasa por consumo de energía eléctrica. Pero la campaña electoral motivó al Alcalde destituido y su fanática aliada a cargo de EPAGAL, para desviar los recursos hacia las obritas clientelares, para construir una fachada de exitoso servicio en la gestión de desechos sólidos.
Todos los esfuerzos para mejorar el servicio están bienvenidos, pero su financiamiento debió hacerse con recursos propios o financiamiento contratado para ello, hasta recuperar la inversión mediante el cobro de la tasa del 13%. Esto sería más claro si existieran estados financieros, pero vergonzosamente NO existe tal información financiera desde mayo 2016, ni han dado explicaciones su presidente y gerente que concluyeron su cuestionada gestión en mayo 2019.
Lo relatado ha llevado a la empresa a un estado de incertidumbre que no le permite a la nueva administración concentrar su atención en brindar un servicio de calidad, como aspiramos todos los habitantes, ni ejecutar el proyecto de relleno sanitario en óptimas condiciones. El COOTAD determina con claridad la forma en que se determine la tasa que legalmente puede cobrar por los servicios, no excediendo el COSTO CONTABLE que conlleve. Por todo lo cual, en aras de los intereses de la ciudadanía, debemos analizar la conveniencia de LIQUIDAR EPAGAL y constituir una nueva empresa pública que la reemplace, sin la carga heredada que le agobia. ¡TOMEMOS AL TORO POR LOS CUERNOS!(O)