La estructura política que impera en el Ecuador desde la aprobación del COOTAD en 2010, establece claras competencias para cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, sean estos provinciales, cantonales o parroquiales. En el caso de los municipales, se elige por votación popular un número proporcional de concejales, según la población del cantón. Para el GAD municipal de Latacunga corresponde elegir nueve concejales, quienes se suman al alcalde que lo preside, Las decisiones se adoptan por mayoría de votos, que en este caso pueden ser seis concejales o cuatro concejales que sumados al voto DIRIMENTE del alcalde, que lo preside, son mayoría.
La mayoría de resoluciones en temas controvertidos, en los cuatro años transcurridos de la presente administración, se han tomado con el voto disciplinado de cuatro concejales y el dirimente del alcalde. Lo cual es legal pero carece de legitimidad, pues el partido político AVANZA ganó las elecciones para alcalde y alcanzó cinco concejalías, que representa la mayoría absoluta, mas no garantiza el derecho de las minorías.
Con esta amplia mayoría, en los primeros días de la gestión de esta administración, se dejó sin efecto una resolución aprobada por el concejo presidido por el arquitecto Rodrigo Espín que reducía los sueldos del alcalde y concejales entrantes, y además establecía la obligatoriedad de cumplir ocho horas diarias de labores para devengar el sueldo y beneficios que se les paga mensualmente. Al derogar esta norma de control de asistencia de concejales, no se promulgó otra ordenanza que la reemplace. Así las cosas, el Alcalde, el Director Financiero y el Director de Talento Humano no podían documentar el cumplimiento de las labores diarias de estos funcionarios públicos, y su pago no contaría con los justificativos que toda erogación debe tener de respaldo.
Apenas en julio de 2015, se aprobó en primera discusión una ordenanza que pretendía regularizar dichos horarios de trabajo para concejales, pero entró a dormir el sueño de los justos hasta que en mayo 2018, por RECOMENDACIÓN DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO EMTIDA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO con motivo del examen especial que fuera notificado con oficio de abril 28 de 2018, el Alcalde lo pone en el orden del día y es aprobado para entrar en efecto el día de HOY, habiendo transcurrido cuatro años desde la derogatoria del mismo horario que fuera aprobado por la administración Espín y derogado de inmediato por esta administración.
La Contraloría observa a los señores concejales por haber derogado la ordenanza de control de asistencia y NO haber promulgado otra en su reemplazo, razón por la que no se ha podido establecer el cabal cumplimiento de las horas de labor como justificativo para recibir los pagos que superan UN MILLÓN DE DÓLARES entre mayo 2014 y septiembre 2017. Esta irregularidad observada, será motivo de sanciones por parte de la Contraloría, de tipo administrativo, civil e inclusive podrían derivar en indicio de responsabilidades penales en contra de funcionarios y de los propios concejales, cuyas funciones son de LEGISLAR Y FISCALIZAR.
Resulta irónico que los fiscalizadores (alguaciles) sean amonestados y probablemente sancionados (alguacilados) por el ente de control nacional. Deja muchas dudas este penoso hecho pues, es evidente que existía conflicto de intereses entre la norma requerida de control de asistencia de los propios concejales, y la incomodidad de sujetarse a horarios fijos, dejando además registro de la asistencia como lo requiere toda erogación de recursos públicos, so pena de estar sujetos a sanciones que podrían llegar a la devolución de lo cobrado sin dichos justificativos.
El examen especial de Contraloría es público. Se lo puede ubicar en la página web bajo el número DR9-DPC-0002-2018.(O)

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