Gran revuelo ha causado en la opinión pública, la pretensión del Gobierno Nacional de delegar la gestión de algunas empresas públicas al sector privado, bajo la figura de CONCESIÓN. Es oportuno analizar el fondo y la forma de este tipo de alianzas, para emitir un criterio fundamentado en la objetividad y teniendo por delante los intereses nacionales y de sus ciudadanos.
Empezaremos diciendo que, pese a lo importante del tema, Ecuador no tiene una legislación especializada en Alianzas Público Privadas (APP), como existen en los países vecinos, para no ir muy lejos. Esta falencia complica en alto grado la conformación de las alianzas, que podrían ser de urgente necesidad para resolver problemas impostergables. Como consecuencia, los posibles interesados se desmotivan frente a mejores opciones en otros países, y aquellas que decidan continuar, tardan mucho tiempo en implementarse.
El concepto de APP fue desarrollado hace varias décadas en Inglaterra y, en vista de su éxito, ha sido implementado en varios países progresistas, como Canadá, que goza de las enormes ventajas que este esquema le ha traído desde hace más de veinte años. Ellos cuentan con estructuras oficiales dedicadas a asistir a los diferentes niveles de gobierno en la conformación de alianzas. Así, han logrado implementar exitosamente proyectos en los gobiernos central, provinciales y municipales. Los plazos van desde los 25 hasta los 35 años. Los sectores son múltiples.
El modelo de alianza se ajusta a los requerimientos específicos, que van desde solamente planificación y ejecución, hasta financiamiento, operación, mantenimiento y todo lo que involucra su ejecución en el período concesionado. La CONCESIÓN es una de las formas de APP, con mediana participación de las partes, pues funciona cuando ya existe la inversión y se delega su operación al socio, que garantiza su administración, nuevas inversiones y rentabilidad, con altos niveles de calidad de servicios. El dueño de la concesión, siempre es el Estado. NO EXISTE PRIVATIZACIÓN.
En el extremo, se encuentran proyectos que empiezan desde cero, e incluyen todo lo que se requiera, durante el período de concesión. El Estado no pone infraestructura ni recursos económicos y no pierde la propiedad del proyecto, solamente delega su implementación y lo recibirá sin costo ni limitación, al final de la concesión, pudiendo renovarla, operarla o hacer otra alianza. El Estado puede dar solución a la necesidad de obras de infraestructura o de cualquier tipo, sin utilizar sus recursos que siempre serán escasos y deben ser priorizados en atender necesidades indelegables de servicio a los ciudadanos.
Canadá ha logrado implementar entre otros, proyectos de salud (hospitales), vialidad (carreteras e infraestructura), centros de rehabilitación social (cárceles), oficinas públicas (juzgados), proyectos eléctricos, tecnología digital, comunicaciones, puertos y aeropuertos. Las limitantes son la seguridad jurídica, la rentabilidad del proyecto, la decisión política y el interés del socio. Por lo que, es necesario ajustar cada proyecto a la luz de la normativa legal, el interés público y el interés privado, siendo de interés de las partes que se ejecute en el menor tiempo posible, brinde los servicios esperados, y genere rentabilidad social, económica y ambiental, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) propuesto por las Naciones Unidas para erradicar la pobreza en el mundo hasta el año 2030.
Ecuador no debe quedarse relegado de esta real esperanza de dar solución a la falta de infraestructura para bienestar de sus ciudadanos, sin poner recursos que no los tiene. Más bien, le generaría ingresos adicionales para cubrir necesidades que no puede financiar. Los escasos recursos estatales deben priorizar los servicios no delegables y asegurar servicios delegados de calidad para los habitantes.
¡NO PERDAMOS ESTA OPORTUNIDAD!(O)