La Conaie, en nombre del sector indígena, declaró “paro nacional” en razón de no haber recibido respuesta a un pliego de peticiones que dicen haberlo presentado en extenso, hace un año. Tal declaración, impone a todos los ciudadanos someterse a la paralización “voluntaria” sin consideración alguna de los efectos que pueda tener en la salud, economía, trabajo, o cualquier otra actividad. Para lograr este objetivo, la cúpula del movimiento dispone a jóvenes impetuosos, se trasladen a los centros poblados para asegurarse del cumplimiento de cierre “ordenado”.

Esto deriva en hordas de desaforados y prepotentes individuos que imponen el terror en mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados, y cualquier persona que se encuentre laborando. Demandan el cierre de la actividad y amenazan con imponer su voluntad a la fuerza. Portan armas blancas hechizas para perforar neumáticos de los vehículos que circulan, contrariando sus pretensiones. Amenazan con incursión en florícolas, plantas industriales, comercios, y cualquier establecimiento privado que no se someta al capricho de los autores intelectuales del paro, que ha hecho efecto en las provincias de la Sierra principalmente.

Más allá del grave atropello de los derechos de los ciudadanos que no comparten las decisiones de la cúpula indígena, la ciudad de Latacunga ha sido rehén de los levantados en protesta, pues la ciudad ha sido sitiada y por tanto incomunicada con el resto del país. Llevamos cuatro días de aislamiento, con consecuencias en la paz ciudadana, la salud, la economía y la convivencia pacífica, todos ellos derechos garantizados por la Constitución. Las cosas se han desbordado, al punto de haber presenciado una batalla campal en el sector de San Felipe, donde se pudo apreciar la presencia de células urbanas armadas con artefactos caseros letales que no dudaban en disparar contra la humanidad de policías. Mientras que estos se defendían con gases disparados en todas direcciones, en medio de un sector habitado, cuyos moradores desesperaban ante la impotencia de estar en medio del cruce de proyectiles.

Las carreteras se han convertido en zona de guerra, enfrentando a campesinos armados con palos y un resentimiento acumulado, contra servidores públicos que también son ecuatorianos y tienen familia, tratando de resolver sus frustraciones con agresiones que solo alimentan el ego de los dirigentes, que no hacen el menor esfuerzo de moderar la energía reprimida de sus seguidores y se aprestan a obtener de ello beneficio político. La guerra campal que se libra, es un absurdo ejercicio de medición de fuerzas que no lleva a nada, pero expone a graves riesgos por ambos lados, mientras las cúpulas políticas no resuelvan llevar los problemas a la mesa de negociaciones para discutir soluciones.

Ante este escenario penoso, cuyos efectos negativos los vivimos en 2019 ¡levantamos la bandera blanca de la paz para pedir TREGUA! No es concebible que los ciudadanos seamos rehenes de una lucha fratricida, que por muy justificados que sean sus motivaciones, no se pueden resolver infringiendo daño a toda la población. Los enfermos que requieren atención, los animales que deben ser alimentados diariamente, los emprendedores que generan ingresos día a día, los campos que deben ser cuidados a día seguido, no son responsables de los desentendimientos entre los actores de estos hechos.

Apenas hemos superado la pandemia que nos paralizó por dos largos años. Tenemos que recuperar las pérdidas con trabajo, que es lo único cierto para salir adelante. Es inaudito que la clase política, incluyendo la que representa al sector indígena, no se duela por este pueblo ecuatoriano y deponga sus ambiciones, buscando soluciones de fondo a problemas acumulados por décadas, en lugar de ofrecer pócimas milagrosas para curar gripes y contagiarle de cáncer al Ecuador.

¡NECESITAMOS UNA TREGUA! (O)