La Fiscalía General de Estado ha formulado cargos al indígena Jorge Guamán Coronel, actual Prefecto Provincial de Cotopaxi, como presunto cabecilla de una organización delincuencial, conformada por varios funcionarios y ex funcionarios de libre remoción y contratistas, allanando además sus domicilios y las oficinas de la Prefectura. Se han recabado elementos probatorios para respaldar las acusaciones de testaferrismo, concusión y enriquecimiento ilícito. La Presidente de la Corte Provincial lleva el proceso, que tiene 23 cuerpos (2.300 fojas útiles) considerando el fuero de corte que le corresponde al Prefecto en funciones y por arrastre, a los demás implicados. 

Guamán y una ex funcionaria, amparados en su condición de indígenas, se libraron de la prisión preventiva que dictó la juez para 8 miembros de la presunta banda delictiva. El Convenio 169 del Ecuador con la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, determina que “10.1 Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales.  10.2 Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento.” Aunque libres por el momento, deben cumplir medidas cautelares alternativas, pues no se ha determinado su inocencia.

Con la decisión de la Juez, se ha iniciado la etapa de INSTRUCCIÓN FISCAL, es decir de la preparación del juicio que deberá tener lugar en audiencia fijada en noventa días. Se han formulado los cargos (90 páginas) y se han presentado las pruebas recabadas hasta el momento, sin perjuicio de que se reúnan  más pruebas, hasta la audiencia de juzgamiento. Todo esto configura el debido proceso, que conlleva la condición de inocencia de los sindicados, mientras no exista sentencia en firme y ejecutoriada, lo cual ocurrirá en varios años, gracias a los múltiples derechos que asisten a los acusados, para interponer toda clase de recursos.  

Lo relatado corresponde al proceso judicial. Sin perjuicio del avance del proceso, los ciudadanos tenemos el DERECHO CONSTITUCIONAL A LA RENDICIÓN DE CUENTAS. Guamán debe responder ante los votantes que le eligieron, sobre el manejo de los recursos, su compromiso indígena de “no ser ocioso, no mentir y no robar” y las graves y vergonzosas acusaciones formales sustentadas por la máxima entidad a cargo de la vindicta pública. Mientras esto no ocurra, su idoneidad para manejar fondos públicos está cuestionada seriamente. Por delicadeza y respeto al pueblo indígena y cotopaxense, debe ABANDONAR SU CARGO y abstenerse de inscribir su pretendida candidatura a Alcalde del cantón Latacunga. Pachakutik por su parte, que dice combatir la corrupción enquistada en todos los niveles de gobierno, debería reconsiderar su decisión de auspiciar esta candidatura. 

Además, sorprende y avergüenza el silencio cómplice de los miembros de la Cámara Provincial en su papel incumplido de fiscalizadores.  Como también de los partidos políticos que no se dan por enterados del vergonzoso escándalo que ofende a los cotopaxenses. ¿Será porque no se puede mencionar la soga en la casa del ahorcado? 

La corrupción debe combatirse con frontalidad, caiga quien caiga. Nuestro respaldo incondicional a la Fiscal General en su labor de judicializar con objetividad e independencia los delitos, sin amilanarse ante los ensañados ataques de las mafias afectadas, hasta obtener la máxima sanción para los delincuentes. Más aún, en delitos contra los sagrados fondos públicos, destinados a los más pobres de la provincia. Los pueblos indígenas deben preservar sus principios y desterrar la contaminación que acecha en todos los puestos de poder. Cotopaxi no merece lograr fama por corrupción. Basta de elegir delincuentes. Los ciudadanos podemos juzgar POLÍTICAMENTE a los corruptos. 

¡AMA QUILLA, AMA LLULLA, AMA SHUA!