¿Recuerdan aquella canción colombiana que, con letra chusca (chistosa y ocurrente), música singular y agradable, nos hacía bailar y gozar en las fiestas de juventud? Decía en una estrofa: “no estaba muerto, andaba de parranda….” . Pues bien, parafraseando podríamos decir ahora, a propósito de las curiosidades de nuestra política, lo siguiente: “estaba preso y andaba despachando…”. 

Las personas privadas de libertad (PPL) -según llaman a los individuos que ingresan a una prisión, cárcel o centro de rehabilitación social-, están sujetas a un estatus especial que no lo tiene el resto de ciudadanos, en condición de plena libertad. Las PPL tienen por supuesto los derechos humanos y garantías consagrados en la ley y en los instrumentos internacionales sobre la materia, pero ciertamente están restringidos, precisamente por estar PRIVADOS de LIBERTAD.

Pero aquí, en nuestro querido país, damos cátedra de ser muy permisivos al punto de tolerar que esta privación de libertad no se aplique a las autoridades que ejercen potestades públicas de altísima responsabilidad, a pesar de estar presos. El Contralor General Subrogante y el Defensor del Pueblo, siguen despachando -es decir, actuando como si nada pasara-, desde el centro de rehabilitación social; continúan ejerciendo funciones, a vista y paciencia de autoridades e entidades nominadoras: se enredan y no atinan a poner orden en estas instituciones.

En opinión de Mauricio Gándara, es insólito que se encuentren despachando desde sus celdas, “dizque en uso de licencias o vacaciones”, concluyendo que “esto es una vergüenza; es un peligro para el Estado, para su administración. La Asamblea Nacional debe enjuiciarlos de inmediato y destituirlos” (“Caos heredado” –  El Universo de 23 de junio).

¿Qué hicimos mal los ecuatorianos para merecer semejante trato? Tengo para mí, que todo esto comienza a partir de la aprobación de la Constitución del 2008 -redactada por asesores extranjeros-, que permitió todo tipo de atropellos al inventarse el estado de derechos, socavando el Estado de Derecho. Ésta creó el inefable Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), al que le reservaron la capacidad de nombrar a las máximas autoridades de control. Lo curioso es que, por lo visto y comprobado, nada ha tenido de participativo, de ciudadano y peor de control. 

Como la estructura mañosa creada no establece medidas para resolver esta peculiar situación, el CPCCS solo se ha limitado tibiamente a pedir a los mencionados funcionarios “que den un paso al costado”. Tamaña sugerencia y simpleza, no ha sido por supuesto atendida, ya que no han demostrado tener ‘sangre en la cara’ y elemental respeto a la ciudadanía, atónita y asombrada por tan desvergonzada actitud.

A lo anterior, hay que sumar la condición legal en la que se encuentran las principales autoridades de la provincia de Pichincha y de la ciudad capital, que también siguen actuando con grillete, medida sustitutiva a la privación de libertad. Las acusaciones que pesan sobre ellos no son menores: reflejan irrespeto a la dignidad de los ciudadanos. En el caso de QUITO, LUZ DE AMÉRICA, al menos existe una determinación de catorce concejales que buscan la salida del alcalde; mas, en el caso de la prefecta, el proceso que le siguen en su contra, por actos reñidos con la ley, está como para las ‘calendas griegas’.

Urge terminar con este desastroso estado en el que se encuentra el Ecuador, desde el punto de vista institucional, para lo cual hay que insistir en la conveniencia de eliminar la constitución actual, y, retomando la de 1988, desmontar toda esa maraña de leyes orgánicas que nos impusieron para sostener esa pavorosa estructura que les permitió acabar con el Estado de Derecho, clave para el desarrollo de un país civilizado.(O)