En su Enciclopedia de la Política, el doctor Rodrigo Borja, expresa: “La falta de liderato, la corrupción de las autoridades, la ilegitimidad de las leyes y la indisciplina civil pueden llevar a una sociedad a la anarquía, al caos y a la disolución”. Entiende como anarquía, el “desorden en que incurre un grupo cualquiera por falta  de autoridad o por autoridad insuficiente, débil, corrompida o equivocada”. Es también una “situación caótica y desarreglada que se da en una sociedad”.

¿Hemos llegado a un estado de anomia o desorganización social, que es la “antesala de la anarquía”, como desarrolla el Dr. Borja”? Todos los acontecimientos recientes en lo político y judicial  hacen que se configure al Ecuador como un Estado desordenado. Las instituciones no funcionan. El exceso en la concesión de derechos cunde por doquier; los fallos y decisiones judiciales se dictan al margen de la ley; los pactos se realizan por debajo de la mesa; la inseguridad ciudadana es el ambiente normal en la actualidad, la delincuencia ha sobrepasado a la policía. 

No existe Estado de Derecho, sino una ficción jurídica perversa (el “estado de derechos”) que corroe al país. La amnistía concedida por la asamblea en “combo”, ¿es propia de un estado de Derecho?, o ¿es la expresión palmaria de una conducta propia de irresponsables? El otorgamiento del Habeas Corpus al ciudadano preso, al margen de la ley, ¿es legal, legítima y constitucional?, o, por el contrario, ¿es la demostración de la peligrosa degradación del sistema judicial? 

Además, ¿es correcto que don Naza -buscado por sus actividades ilegales de captación de dinero-, entre como como Pedro en su casa a instalaciones del Ministerio de Defensa? Definitivamente no. A estos casos se suman los innumerables fallos de jueces que liberan a criminales, y a muchos otros en evidente flagrancia. La impunidad – refrendada por malos jueces-, es el paraguas que cobija a delincuentes; es el ambiente que deja desprotegida a la sociedad; constituye un mecanismo abusivo que le ha ganado al imperio de la ley.

En definitiva, este desorden ha puesto contra las cuerdas al gobierno y al mismo Estado, que no atinan como salir de este malhadado enredo y confusión generalizada. Son las Instituciones establecidas en la constitución, las llamadas a velar por la paz social, pero no funcionan: se hacen las desentendidas, sin percatarse que sus principales personeros podrían convertirse en cómplices al no hacer respetar las leyes.

La sociedad ha recibido con sorpresa, incredulidad e indignación la actuación del juez de Manglaralto que otorgó el Habeas Corpus mencionado. Si esto no es corrupción e ineficiencia judicial entonces qué mismo es; la corrupción de la justicia es un elemento constitutivo para considerar el fracaso de un estado. Si los órganos superiores de justicia no revierten este fallo, entonces podremos ya asegurar que aquí hubo algo muy turbio que tendrá lógicas consecuencias, fundamentalmente en lo político. 

La Constitución garantista para los abusos que nos dejaron los auto denominados “mentes lucidas”, está acabando con lo poco que queda de institucionalidad en el país. Si no existe un cambio podemos vernos abocados a un mayor desorden con las obvias consecuencias que traen a los gobiernos que no actúan con determinación, dentro del marco de la ley.