En días anteriores la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó por mayoría de votos dos proyectos de Ley, uno de “Apoyo Humanitario” y la de “Finanzas Públicas”, que fueron presentadas a iniciativa del Presidente de la República, licenciado Lenin Moreno Garcés, pero hasta la presente fecha no ha sido sancionado por esta Autoridad y tampoco se ha publicado en el Registro Oficial para que sea considerada como norma jurídica en vigencia.

En las motivaciones -como ha sido recurrente de parte del Ejecutivo- se ha señalado que debido a la crisis sanitaria que vive el país, se tuvo la imperiosa necesidad de adoptar mecanismos para “proteger las fuentes de trabajo” y “generar fuentes de desarrollo” para incentivar a las empresas que necesitan proceso de inversión.

Aunque leyendo los textos de las dos leyes, se puede vislumbrar que la verdadera intencionalidad de estas iniciativas legislativas corresponde a exigencias de organismos multilaterales de financiamiento como es el Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre todo en el direccionamiento de la flexibilización laboral, disminución de carga laboral en el sector público, privatización de empresas públicas, liberalización de combustibles; y, además, control del sector económico y financiero.

Pero este tipo de propuestas no son nuevas en el ámbito ecuatoriano, por cuanto ya se intentó vía decreto y proyectos de la misma naturaleza realizar este tipo de ejecutorias, lo que motivó que los sectores sociales e indígenas realicen una movilización en octubre del año anterior, lo que generó en el archivo de la propuesta y la supuesta planificación, cuando en realidad se produjo persecución y la insistencia de seguir cumpliendo con las exigencias cuantitativas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la presión de los tenedores de los bonos del Estado.

Otra cosa es que se haya provechado este escenario epidemiológico lamentable y mortal, para tener al menos tres aspectos a favor del Gobierno Nacional: primero, justificar que las medidas labores, económicas y financieras son necesarias y urgentes,  a partir de las prebendas políticas e inclusive corruptas tener la mayoría de la Asamblea Nacional; y, no tener mayor nivel de respuesta y oposición por el confinamiento que obligatoriamente nos encontramos realizando, ya que la protección de la salud y la vida, en muchos casos está por encima de la realidad emergente del país.

Sobre todo la última, cuando de por medio el sector indígena, obrero, estudiantil, profesional y de servicio público, no pueden ejercitar el derecho a la resistencia por cuanto el aislamiento, toque de queda y los estados de excepción son armas de restricción de movilidad que ha surtido efecto; así como mantener las obligaciones económicas con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional al día y no generar con este sector ningún tipo de molestia, ya que como siempre han sido los árbitros que han desconocido o reconocido presidentes de la República del Ecuador.

Es decir, estos fenómenos de salud fueron los espacios propicios para dejarse imponer medidas, que, a lo largo del mundo, no han dado resultado, sino que han precarizado la vida de los trabajadores y han motivado a crisis económicas insuperables, que de a poco cristalizan el descontento social.

Es evidente la precarización laboral que no solo se inició con este proyecto de Ley de Apoyo Humanitario, sino con varios acuerdos ministeriales del Ministerio de Trabajo, cuando se estableció por la emergencia sanitaria la disminución, suspensión o modificación de la jornada laboral, con el efecto inicial de la merma salarial, pero a la vez, con la merma del salario mensual hasta la posibilidad de los despidos, sin respetar las indemnizaciones a las cuales tienen derecho los trabajadores.

Con la vigencia de la Ley, se regularizan los contratos emergentes, donde se pagará por las horas laborales, así como el aporte al Seguro Social en virtud de lo trabajado; situación que adicionalmente complica las prestaciones a las que tienen derechos y una disminución en su cesantía y jubilación.

La repercusión por este tipo de medidas no solamente es una situación que debe evidenciarse de manera personal, sino con efectos conexos, por cuanto los ingresos al Seguro Social disminuyen, contando además que la desvinculación del sector público es alarmante, la liquidez de este beneficio patronal y de los empleados es inmensa, contrario a la demanda del derecho a la salud, que en cambio se incrementa diametralmente.

Si bien genera además una posible estabilidad laboral, en el sector público para aquellos servidores que laboran en esta institución, en la práctica no se ha evidenciado tal propósito, por cuanto en esta misma semana se ha despedido a funcionarios que se encuentran en primera línea y algunos de ellos con contagio de covid-19.

Así como al área administrativa de los estamentos de la Salud, argumentando que no son médicos, cuando precisamente el sistema nacional funciona a manera de engranaje, ya que el médico que atiende pacientes y cura necesita insumos, accesorios, agendar cita, generar atención, tener todo limpio y con medidas de seguridad, generar pagos puntuales y elaborar roles, etc.:, y precisamente quienes generan este tipo de ayuda primordial, necesaria e imprescindible son los servidores públicos administrativos.

En cambio, la Ley de Finanzas públicas, que reforma el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, a pretexto de controlar la ejecución del presupuesto general del Estado, ha creado sistemas de planificación que terminará afectando a entidades autónomas, como es el caso del IESS y los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

La motivación para la creación de estas dos leyes no respondió jamás a la crisis sanitaria, sino que fueron proyectadas para el bienestar de los ciudadanos, y garantizar la bonanza económica de los grupos de poder.(O)