Con 104 votos a favor y 19 abstenciones, el Pleno de la Asamblea aprobó el proyecto de Ley de Uso Legítimo de la Fuerza, con la cual se pretende dar garantías a los policías, militares y guías penitenciarios para el ejercicio de su trabajo.

Durante el debate se formularon observaciones para mejorar y precisar el texto legal, sobre todo en lo que se refiere a la protección del derecho a la protesta social, por lo que varias autoridades sugirieron excluir la aplicación de la normativa durante las manifestaciones populares, lo cual no se aceptó.

Oswaldo Coronel, gobernador de Cotopaxi, mencionó que finalmente la Asamblea Nacional cumplió con uno de los pedidos de los ecuatorianos, para que las fuerzas del orden presenten un sustento legal que garanticen su accionar.

Esta aprobación se la realiza previo a las movilizaciones anunciadas por varios sectores sociales, el representante del ejecutivo destacó que ellos no decidieron fechas, ni programaron absolutamente nada, los asambleístas tomaron esta resolución.

Garantiza que el objetivo principal es luchar contra el narcotráfico y los grupos delictivos organizados, y no para coartar el derecho a la expresión social de la ciudadanía.

En el proyecto se incluyen textos donde se garantiza a los servidores de la fuerza pública la protección legal para que, en caso de usar la fuerza de manera letal, ser procesados en el marco de la ley, pero no serán detenidos mientras se investiga el hecho y podrán defenderse en libertad.

En esta aprobación, varios asambleístas mencionaron que se deben establecer políticas en materia de respeto de los derechos humanos, de esta manera preparar a los efectivos policiales y militares acerca del uso progresivo de la fuerza, según como avanza el conflicto y el peligro que este represente para la vida de los propios elementos del orden y de terceros.

Se debe recordar que, al ser probada esta propuesta de normativa pasará al Ejecutivo para que, el presidente Guillermo Lasso, determine si se envía para su registro o si tiene observaciones.