Partamos de que el Art. 232 de la Ley de Seguridad Social ( Ley 2001-55), trata sobre la revisión periódica de pensiones y dispone que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) realice periódicamente análisis actuariales de solvencia y sostenibilidad del seguro de invalidez, vejez y muerte (IVM), y con base en dichos informes proceda a modificar la cuantía de las pensiones en curso de pago. La Carta Constitucional-igualmente- dispone ajustar anualmente las pensiones de jubilación según las disponibilidades del Fondo de Pensiones.
La misma ley en su Art 237 trata de la obligación del Estado de contribuir al financiamiento del 40 por ciento de las pensiones que paga el IESS a sus afiliados pasivos. La norma suprema de la República expresa esta disposición de manera expresa. No está por demás recordar que luego de la vigencia de la Ley del Seguro Obligatorio de 1942 (Carlos Alberto Arroyo del Rio) que estableció la obligatoriedad de la contribución del Estado con el 40% de cada pensión jubilar, esta disposición se trasladó a norma de la Constitución de la República.
La Ley Suprema, establece que la Seguridad Social es un deber del Estado y un derecho irrenunciable de los ecuatorianos. El Seguro General Obligatorio está a cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cubre las contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, cesantía, vejez, invalidez, discapacidad y muerte.
Corresponde al Consejo Directivo del IESS, la responsabilidad de las políticas para la aplicación del Seguro General Obligatorio, la expedidición de la normatividad para su organización y funcionamiento de los seguros administrados por el IESS, el planeamiento estratégico del ahorro previsional ahora encomendado al Banco del Instituto y la fiscalización de los actos desarrollados por la administración del IESS. El representante legal del IESS es el Director General designado por el Consejo Directivo.
Por consiguiente corresponde al Consejo Directivo del IESS cada año resolver sobre el aumento de pensiones de jubilación en curso de pago, a partir del 1 de enero de cada año, de ser posible actualizar la pensión inicial máxima del Seguro General y de las mejoras civiles.
Para cumplir a cabalidad esta disposición constitucional y legal el IESS debe poner en orden sus dineros, es decir, el Estado debe Pagar sus deudas al IESS. El Banco del IESS debe efectuar inversiones seguras y rentables, recuperar todos los bienes inmuebles de propiedad del Seguro de Pensiones existentes en todo el país incluidos los que hay en nuestra ciudad. Debemos conocer sobre la venta del Hotel Quito y la situación de la Cementera Guapán. El Estado debe cancelar sus obligaciones puntualmente y la Asamblea Nacional debe exigir que para la aprobación del Presupuesto del Estado se hagan constar los valores a pagarse al IESS, incluido los que obedecen al déficit actuarial y atención médica a los jubilados. El IESS debe transparentarse a propósito del Acuerdo Nacional en esta materia, dejar de ser botín político y hacer valer su autonomía.(O)