Hemos llegado al fin del año. Sentimientos encontrados vienen a la mente. Hemos dejado atrás una dura lucha contra la peor pandemia de nuestros tiempos y las consecuencias derivadas de ella en lo económico, social y político. Corresponde ahora, que hagamos una revisión de las lecciones que nos dejan estas vivencias, para proyectar el futuro. Recoger lo bueno para mantenerlo, dejar atrás lo malo y proyectar lo que falta, sería saludable.

En lo referente a la salud, se hace necesario evaluar la importancia de un Estado que sea capaz de dotar de servicios preventivos y curativos, aprovechando el desarrollo tecnológico de la medicina. Es evidente que la expectativa de vida se ha elevado, gracias a mejores condiciones de servicios básicos, alimentación y hábitos de vida. Por lo que, la demanda de atención crece proporcionalmente, a la par del aumento de la población. La infraestructura y servicios complementarios para atender la demanda agregada, es elevada y requerirá de recursos adicionales. El costo de medicinas sube de manera geométrica y debe priorizarse en el presupuesto estatal.

Una segunda lección aprendida es la necesidad de disponer de estrategias de seguridad para todos los sectores de la población. Los riesgos provienen de la delincuencia común, superada largamente por los riesgos inherentes al tráfico y consumo de estupefacientes, que arrastran violencia, sicariato, armamentismo, trata de personas, y otras derivaciones que contaminan todos los estratos de la sociedad, causando dependencia, dolor y muerte. Necesitamos un Estado que detenga ese avance y proteja a los sectores vulnerables, especialmente. La asistencia técnica de otros países se hace indispensable.

La tercera lección es la debilidad de nuestra economía y su dependencia del petróleo. La recesión económica como consecuencia de la pandemia, nos hizo sentir la necesidad de ampliar la base de sustentación para una economía sana. La producción agropecuaria abasteció la demanda interna, aunque se evidenció la falta de industrialización de sus productos para alargar su vida útil. Sectores altamente vulnerables como turismo, se vieron expuestos a grandes pérdidas, sin contar con un plan de contingencia.

Finalmente, el impacto en la educación fue evidente. A pesar de los avances en informática, fue limitada la utilización de ese medio para educar, debido a la falta de conectividad que se deberá superar para acercar el mundo al estudiante. El comercio y la actividad privada se ajustaron a los cambios de forma mucho más ágil, logrando adelantar los cambios esperados para el futuro y acercarse a las corrientes mundiales.

Recogiendo estos grandes temas, podemos esbozar una0 hoja de ruta para tomar acción y cambiar el rumbo, en dirección a tener una mejor calidad de vida para las grandes mayorías. Si nos proponemos priorizar estos frentes, deberemos reconsiderar otros objetivos que mantenemos como prioritarios desde hace 50 años en que hemos vivido de petroleros. Mirando el presupuesto general del Estado para 2022, advertimos que se asignan nada menos que $5.123 millones para subsidios, que representan 24% del total de ingresos permanentes por $21.148 millones. Adicionalmente, se asignan $9.094 millones para pago de gastos en personal (burocracia), constituyendo 67% del total.

Habiendo practicado por 50 años un modelo paternalista de despilfarro de recursos, que no nos ha conducido a puerto seguro, es momento de replantear la estrategia de desarrollo y adoptar un modelo sostenible y sustentable que nos conduzca hacia un mejor nivel de vida, con buena atención a la salud, seguridad, con oportunidades de crecimiento económico y con buena educación.  Los objetivos impuestos por intereses políticos deberían ser rezagados. El Estado debe concentrarse en su papel fundamental y abandonar las aventuras en actividades que puede ejecutar el sector privado.

¡CAMBIEMOS EL FUTURO!