Barbas en remojo

Latacunga despertó ayer con el sobresalto de una visita inesperada de la FiscalíaGeneral del Estado a Gobiernos seccionales. Se trataba de un operativorelámpago ejecutado por algo más de treinta agentes fiscales, que irrumpieronen el domicilio de la primera autoridad provincial y ocho personas relacionadascon contratistas del Gobierno provincial. Esta inesperada acción investigativadispuesta por la Fiscal Diana Salazar, ha causado gran revuelo y expectativa enmomentos en que el investigado se aprestaba a inscribir su candidatura para laAlcaldía de Latacunga, una vez que Pachakutik lo eligió como el únicoprecandidato.  La gestión que lleva adelante la actual Fiscal General, es marcadamente distintaa la politizada y sesgada gestión de sus predecesores. Desde la instauración delSS XXI en 2007, dicha Función se consideró estratégica para cubrir las espaldasy que no se investiguen las fechorías que estaban previstas en la décadacorrupta. Los titulares de dicha dependencia, debían ser personas de la más altaconfianza, para que cumplan con su rol y aseguren la libertad y tranquilidad delos compañeritos que se sacrificaban por el bien del proyecto político. La misiónera borrar los rastros de cualquier acto doloso que pudieran haber cometido, mientras se perseguía a los adversarios de su majestad, enemigos del perversomodelo populista instaurado en la Región. La justicia tarda pero llega, sugiere un viejo adagio popular. Es cuando aquellosque tienen “rabo de paja” deben poner las barbas en remojo, obedeciendo a suconciencia, que no puede ser engañada. La Contraloría General del Estado, siendo el juez de cuentas, tiene el encargo de velar por la correcta utilización delos recursos públicos. Para ello, dispone de 7 años a partir de las gestionesauditadas, luego de lo cual, los informes respectivos son el fundamento paraestablecer responsabilidades administrativas (máximo 20 salarios básicos ydestitución) y/o civiles (glosas), sin perjuicio de remitir el expediente a la FiscalíaGeneral en caso de presumir actos dolosos sujetos a acción penal. Lamentablemente, la Constitución garantista en vigencia, faculta a los corruptosa interponer toda clase de recursos, cuya inocencia se mantiene mientras noexista sentencia en firme y ejecutoriada, lo cual tarda años en lograrse. Mientrasque las responsabilidades civiles se ejecutan en muy pocos casos, ygeneralmente solo en casos de funcionarios públicos de bajo nivel, que no tienenposibilidades de defenderse apropiadamente. Mientras que los peces gordosson exculpados “milagrosamente” con ayuda generosa de funcionarioscorrompidos de la Contraloría General del Estado, como ocurriera en el caso detráfico de influencias en el Municipio de Latacunga en la Administración deSánchez. No hace falta más leyes en nuestro país para combatir la corrupción. Lo que faltaes una más efectiva aplicación de ellas y actuación de las entidades de controlde forma más oportuna. El SERCOP en el control de compras públicas, laContraloría General en su recuperada labor de control previo a la contrataciónpública, la UAFE en el control de lavado de activos y monitoreo efectivo de lospatrimonios de los funcionarios públicos, la Fiscalía para judicializar los delitos, son mecanismos para combatir el flagelo de este mal global. Sumado a estosmecanismos, debe activarse la participación ciudadana en su facultad derendición de cuentas que está facultada a tomar de forma permanente. Debemosinvolucrarnos en conocer los informes de Contraloría que son públicos, así comolos casos judicializados, las declaraciones patrimoniales de inicio y fin de gestiónde los funcionarios públicos, entre otros.  En este año electoral, es oportuno indagar las “intimidades” de los sacrificadoscandidatos, para no tener sorpresas.

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