El cambio de gobierno, en el que aparentemente iba a perpetuarse por otros años el festín verde, no resultó ser lo que todos sus partidarios esperaban. Muchas cosas han variado en nuestro país, pero lastimosamente no son del todo positivas.
En el mandato de Rafael Correa, en el mes de mayo de 2007, se creó la Comisión de la Verdad, que investigaría casos en los cuales se perpetraron graves violaciones a los derechos humanos en el Ecuador a partir del año de 1998 hasta el 2008. Desde un punto de vista objetivo, este es uno de los buenos actos que nos dejó el legado de la “década ganada”. Todo empezó bien, pero la llama ardiente que buscaba justicia y reparación los primeros años, se fue extinguiendo con el tiempo y perdiendo el valor que merecía.
Las víctimas al principio, eran actores principales en cada reunión, en cada proyecto que se emprendía; la bandera de la verdad, ondeaba con esplendor. Se redujeron las marchas y plantones porque se les había dado una esperanza de reparación, se les prometió todo en sus casos. Ahora, viendo como ha pasado el tiempo, pienso que se les utilizó como un elemento más de la “publicidad engañosa” que vendía el anterior régimen.
La Fiscalía General del Estado, hacía un buen trabajo, eran entusiastas y positivos pese al poco presupuesto destinado y también al reducido número de profesionales que manejaban los casos, se capacitaban de manera responsable y trabajaron con los mejores penalistas del mundo. Recuerdo haberme entrevistado con Hernán Hormazábal y Manuel Ollé Sesé -grandes profesionales y amigos- ellos desde su apretada agenda en la Fiscalía, supieron decirme que al Ecuador y a las víctimas, les hacía falta este gran paso, que puede ser complejo pero que veían un panorama esperanzador. Ahora con una Institución lacerada, fragmentada y dedicada en su mayoría a casos de corrupción, me pregunto ¿Qué pensaran ellos, si volvieran a nuestro país?
En 2013, la Asamblea Nacional, aprobó la denominada “Ley para la reparación de las víctimas”, que independientemente de varias observaciones que se podría realizar a la misma, generó tras su aprobación e implementación un camino tortuoso para las víctimas. Que lejos de ser reparadas fueron revictimizadas. Enfrentándose no solo a funcionarios que difícilmente comprendían su dolor, sino también a un Estado carente de compromiso real.
Dentro de este esquema, una de las instituciones que a mi parecer debe mucho a nuestro país y especialmente a las víctimas, es la Defensoría del Pueblo, que en la cabeza de Ramiro Rivadeneira solo se dedicó a callar, pero decir mucho cuando se trataba de defender al gobierno de Correa. Tan desatinada fue la actitud del prenombrado funcionario, que pública y directamente hacía campaña por el NO, y su actividad más fuerte en los medios de comunicación fue precisamente en épocas en donde debíamos dar nuestro voto por cambiar o seguir en lo mismo a través de la Consulta Popular. Jamás se lo vio tan activo, como por ejemplo: defendiendo al Yasuní, a los diez de Luluncoto, a los implicados en el 30S, o a otras víctimas. Estoy segura que algún momento en la historia le llegará la verdad a este personaje que debe mucho.
La lucha de las víctimas puede ser de días, meses o años, ya que el tiempo frente al dolor y esperanza se puede tornar un tormento. Es por esto, que no existen categorías, no tenemos víctimas de primer o segundo nivel, todas completamente sufren. Traigo a colación esto, en relación a lo sucedido con el señor Pedro Restrepo, que ha sido un guerrero incansable por sus hijos. En su cuenta de twitter manifestó su apoyo a Correa, que imagino se fue potencializando, en razón de los varios requerimientos que la justicia ha hecho y está por hacer al exmandatario. Una ola de ofensivas se ha levantado en contra del señor Restrepo que independientemente de su tendencia política –que merece ser respetada sea cual sea-, deja ver que probablemente se olvida de las nuevas víctimas que el abuso de poder generó en los últimos años.
En esta posición, es difícil comprender esta actitud, pero al no comprender no se puede juzgar, nadie tiene el derecho de hacerlo. Cada ser humano posee una visión distinta de las situaciones que se presentan, mucho más si hablamos de un padre que hasta el día de hoy busca a sus hijos, y que con el gobierno de la Revolución Ciudadana por primera vez se sintió escuchado.
Trabajar con víctimas no es una tarea fácil, se requiere de sensibilidad y respeto frente al dolor ajeno. Es un trabajo a conciencia, que lejos de esperar solo una respuesta jurídica, requiere escuchar al otro. Es un compromiso ético y humano que debe abrirnos los ojos a la realidad que vive nuestro país, en razón de que el silencio sostiene la injusticia, la impunidad sigue siendo nuestra cruz a cuestas y sobre todo hacer conciencia de que con las víctimas no se juega.(O)

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

dos × 3 =