Acudir al mandante para conocer su opinión respecto de temas cruciales y trascendentales para el país, que, por la vía ordinaria, no se logran solventar, es un arbitrio al que recurren los gobernantes en determinados momentos de su mandato. A unos les ha ido bien, a otros no, y ha dependido de la oportunidad, alcance y delicadeza del asunto sometido a su consideración, del nivel de aceptación del presidente, entre otras razones.

Las dos clases de consultas son el referéndum y el plebiscito; el primero, radica en solicitar la ratificación de alguna acción o medida adoptada; y, el segundo, para saber cuál es el pronunciamiento respecto de un tema de naturaleza constitucional que se ha propuesto. La constitución del 2008 – mal diseñada y reglamentaria de 444 artículos-introdujo una especie de candado para evitar reformas, y, además, estableció toda clase de obstáculos para imposibilitar cambios legales que el país demanda.

En estos días, el presidente ha declarado que baraja una suerte de asuntos para consultar a la ciudadanía, y así limitar las atribuciones del inefable Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y eliminar el Consejo de la Judicatura. Los dos organismos no aportaron nada sustancial, y, por el contrario, resultaron un fiasco y  fuente de mayores conflictos.  No sería desestimable que mejor considere la propuesta del doctor Simón Espinosa Cordero para prescindir de la actual constitución y poner en vigor la de 1998, mediante plebiscito, introduciendo ciertas actualizaciones necesarias. 

También procede se le consulte su opinión para abrir el camino hacia la modernización del caduco código del trabajo, que, desde 1938, ha tenido modificaciones parche nada sustanciales, en procura de facilitar la flexibilidad en la contratación de trabajadores por parte de empresarios y una equilibrada, armónica y permanente relación.

Las propuestas para permitir, mediante Ley, el uso progresivo de la fuerza, resuelve solamente una parte del problema: controlar y repeler a los extremistas y delincuentes disfrazados de activistas en las manifestaciones, por parte de la fuerza pública, en situaciones como la registrada en octubre de 2019. Y cosa curiosa: ya mismo salen amnistiados los causantes de tanto destrozo. El otro problema del Ecuador es la institucionalización de la impunidad.

Si el señor Presidente Lasso está pensando seriamente en resolver la inseguridad ciudadana, debido al crecimiento exponencial de la delincuencia que está afectando seriamente la paz de la República, tendría que aprovechar el clamor ciudadano, y pedir a la gente que se pronuncie sobre las siguientes indispensables preguntas:

“¿Está usted de acuerdo que la ley faculte a los miembros activos de la Policía Nacional a utilizar la fuerza y armas de dotación, exclusivamente en actos de servicio, para repeler y neutralizar todo acto de violencia de los delincuentes, en actitud de flagrancia?”

“¿Está usted de acuerdo que, si por estos actos, deviene en muerte del o de los delincuentes, no sean procesados ni sancionados penalmente, por haber hecho uso de su legítima defensa?”

Estoy seguro que la ciudadanía toda se pronunciará favorablemente apoyando esta propuesta, y la Asamblea Nacional – que ha demostrado desidia, lentitud y sobre todo mediocridad-, tendrá que proceder en consecuencia para cumplir con el mandato del soberano.

Estamos cansados de ver morir a gente inocente, de la injusta imposición de sanciones penales a policías que cumplen con su deber, y soportar una administración de justicia que más bien garantiza los “derechos” de delincuentes, sin ningún rubor, y peor condolerse con una sociedad temerosa y policía desmoralizada. 

“A grandes males, grandes remedios”, como dice el sabio refrán. (O)