En Riobamba mayo de 1830 se realiza la Primera Constituyente y se nombra como Primer Presidente del Ecuador al venezolano Juan José Flores, desde entonces hemos tenido más de veinte Constituciones y su control tiene una historia muy especial, que me permito comentarles ahora que  estamos viviendo hechos que violan flagrantemente la Ley Suprema y que establecen en nuestro país -como regla-  la permanente transgresión del marco constitucional y legal. Se lo hace desde el Ejecutivo que está obligado a cumplir y hacer cumplir la Carta Suprema. Se lo hace desde el Legislativo a quien le corresponde el control político, y lamentablemente, los dos poderes antes citados, meten mano en la Función Judicial, rompiendo impúdicamente la autonomía de dicha función.

En nuestro país podemos establecer tres periodos en la evolución del “control constitucional”, a decir del maestro Hernán Salgado Pesantez, en su obra “Manual de Derecho Constitucional” (Corporación Editora Nacional-2004). El primero denominado de Soberanía Parlamentaria que va desde 1830 hasta 1945. El segundo periodo  caracterizado por la creación y funcionamiento del Tribunal Constitucional 1945-1996. El tercer periodo que va desde 1996 hasta la fecha. Es importante anotar que desde el inicio de la República fue el control político el que tuvo injerencia directa en la aplicación de la Constitución y de la ley, mientras que, en la última etapa de alguna manera se va conformando un control jurídico con el surgimiento y vigencia de la actual Corte Constitucional. Sin embargo, la Carta Suprema vigente desde 2008, abre un gran abanico para que jueces sin preparación técnica (multicompetentes) juzguen situaciones de constitucionalidad.

El Control Jurídico está a cargo de los jueces “basados en normas que dan carácter jurídico tanto a valores fundamentales como a sanciones o procedimientos específicos”, los jueces están obligados en sus fallos a argumentar y fundamentar jurídicamente sus sentencias. Dice Salgado Pesantez, por tanto se requiere de esos jueces la mayor independencia posible.

El Control Político en cambio está  a cargo de la Asamblea Nacional, basando su accionar en parámetros como la oportunidad, conveniencia y necesidad de fiscalizar los actos y políticas del gobierno, por ello es que existe la figura del juicio político, que se define a diferencia del control jurídico por posiciones político-partidistas  y hasta de interés de grupo, influye en la toma de decisiones finales lo político. Entonces históricamente el control constitucional en el Ecuador ha dependido de los grupos políticos que llegan al poder, se ha dejado de lado el control jurídico y se ha priorizado el político, esto obedece a que los ecuatorianos no estamos preparados en cultura política y dejamos hacer y pasar las cosas por quienes democráticamente nos representan  -no sabemos utilizar nuestro voto-. No sabemos elegir y tampoco designar.

Lo cierto es que ni el control político ni el jurídico pueden funcionar separadamente. El control jurídico debe juzgar actos políticos aplicando la Constitución y la Ley y la resolución o sentencia será eminentemente jurídica, pero igual  tendrá efectos políticos, En  todo caso, en determinado momento el control político puede sustraerse totalmente del derecho y sustentan sus fallos o resoluciones en definidas posiciones político-partidistas. En esta situación aparecen los “perseguidos políticos”, las “Comisiones de la Verdad”, los recursos de protección y los habeas corpus, pero con fraude procesal y peor aún con acciones colusorias a la luz del día y en nuestras narices. No olvidemos que el control político también está regulado por el marco constitucional y legal vigente en el país y por tanto la separación entre control jurídico y control político así como la separación entre derecho y política es relativa. Lo que importa es que todos nos eduquemos en democracia, aprendamos a valorar individual y colectivamente a los que solicitan el voto, a fin de que quienes nos representen en las diversas funciones de elección popular del Estado, sean verdaderos seres humanos de servicio a las grandes  mayorías,  resguarden sus  intereses  y no los de grupo, aupados en una Constitución y leyes vigentes para justificar las picardías, con jueces ímprobos y un ejecutivo timorato por falta de resguardo político en la función de fiscalización política. Vivimos una inseguridad jurídica por falta de un verdadero control constitucional. (O)