En un nuevo capítulo inédito de la telenovela de ámbito nacional llamada CORRUPCIÓN, se ha develado una forma de extorsión a los funcionarios públicos que han logrado un puestito en la administración pública “por palanqueo”, la forma opuesta a la tan mentada meritocracia que supone privilegiar las calificaciones que ostentan los aplicantes, sin ayuda de sus protectores. Este bochornoso escándalo ha salido a la luz en los pasillos de la Asamblea Nacional, pero no cabe duda que es solamente un abreboca de lo que se descubrirá en todas las esferas de los cuatro niveles de gobierno.
¿Son estos llamados diezmos, una manera de corrupción o de extorsión? La corrupción política se refiere a los actos delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencia al hacer un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales y los de sus allegados para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada. Mientras que la extorsión es un delito que consiste en obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto jurídico o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo.
La corrupción se evidencia en el momento en que el funcionario receptor del aporte solidario gestiona y consigue un cargo para su partidario, aunque no cumpla con los méritos que exige el cargo, lo cual está sancionado penalmente como “tráfico de influencias” con 3 a 5 años de pena privativa de libertad. Es tan generalizada esta forma de palanqueo, que la norma parece ser “vivir y dejar vivir”. Nadie ha querido denunciar este atropello, posiblemente porque el beneficiario sabe que alcanzó el cargo sin tener los méritos, en cuyo caso es parte de la infracción, en calidad de corruptor.
La extorsión ocurre con los funcionarios que han ocupado una función pública con la ayuda de un compañerito del partido político, quienes se encuentran con la infeliz noticia que parte de su remuneración debe ser entregada al benefactor para atender sus “múltiples necesidades” ocasionadas por la posición que ocupa y por los gastitos que adeuda desde la lid electoral. En muchos casos, esta dependencia financiera inicia en la campaña, siendo prometidos beneficios derivados del poder que se trata de alcanzar, para lo cual se piden aportes voluntarios proporcionales a los favores que se esperan recibir. Por tanto, existe una clara figura de extorsión hacia los partidarios que demuestran su fidelidad cumpliendo la exigencia de entregar dinero, a riesgo de perder aquellos beneficios conseguidos de manera ilegítima.
Lamentablemente, esta historia no se limita al ámbito que ahora se conoce. Este mal, que es una de muchas formas de corrupción, se ha extendido en todos los niveles de gobierno, en distintos grados según los actores, creando un problema agudo de largo alcance al otorgarles nombramiento. Es un secreto a voces que los gobernantes seccionales imponen contribuciones en dinero, así como un comportamiento acomodado a los intereses de sus máximos funcionarios, como la participación “voluntaria” en actos proselitistas, aunque no sean de su agrado.
Este es el momento propicio para que se rompa el silencio de los extorsionados y denuncien los atropellos a sus derechos. Al acercarse la campaña para nombrar relevos de los actuales administradores, se activarán esas redes de corrupción en busca de nuevos incautos que financien el acceso al poder, con ofrecimientos que se tornarán en quimeras o fuentes de repago para los sacrificados políticos. ¡BASTA DE CORRUPCIÓN! (O)

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