El Gobierno Nacional y su titular de la Función Ejecutiva han reconocido el riesgo de la crisis del Sistema Carcelario en la República del Ecuador, razón por la cual hace poco tiempo atrás se dispuso una parcial intervención de las Fuerzas Armadas para el control de los centros penitenciarios en el país. Sin embargo, por la gravedad inocultable de esta crisis carcelaria ha tenido que declarar el estado de excepción en todo el Sistema Carcelario a fin de poder establecer un Plan de Rehabilitación que se estima durará por lo menos 6 meses. Personalmente estimo que en esos 6 meses no se alcanzará a lograr los resultados que todos los ecuatorianos deseamos, el problema es muy grave y de tracto sucesivo.
La mayoría de estos denominados centros de rehabilitación, son todo lo contrario –verdaderos centros de “especialización” de los delincuentes-, físicamente son construcciones con diseños para cualquier otra cosa –menos para rehabilitar a las personas-, ubicadas cerca a los centros poblados, por consiguiente peligrosas, técnicamente insuficientes, estos último luego de establecerse que la población penitenciaria duplica la capacidad de las cárceles en el país, razón más que suficiente para que se justifique la vigencia de los Decretos Presidenciales que declaran el estado de excepción en el Sistema Carcelario y que obtengamos como resultado en el futuro, un verdadero-técnico y constitucional Sistema Penitenciario, que brinde las condiciones técnico-jurídicas y constitucionales de rehabilitación de las personas privadas de la libertad, fundamentalmente que el Estado les brinde la posibilidad de realizar actividades productivas (trabajar), que no exista hacinamiento, que no se ponga en peligro su salud y vida y la vida de los demás.
En materia de Recursos Humanos, estimamos que esta intervención de excepción debe servir, para revisar la estructura orgánica-administrativa de los centros de rehabilitación, el reclutamiento y selección de personal idóneo para cada una de las actividades laborales, administrativas y de control-seguridad que corresponden al funcionamiento de recintos donde los privados de libertad purgan sus penas, es preciso desarrollar programas de formación dirigidos al personal administrativo, técnico y de seguridad. Obviamente es de suponer que se van a realizar adecuaciones, ampliaciones y nuevas construcciones.
En todo caso estimamos que esta declaratoria de excepción sirva para corregir políticas equivocadas implementadas en estos últimos años, el proceso es de larga duración –por consiguiente-, se debe aprovechar para efectuar una real planificación del Sistema Carcelario que evite el hacinamiento de PPL, brinde seguridad interna –dentro de los centros carcelarios- y seguridad externa, especialmente en los centros construidos de forma arbitraria e inconstitucional dentro de los límites urbanos de ciudades como Latacunga.
Finalmente, las autoridades reelectas y las nuevas de Cotopaxi y del Cantón Latacunga, deben aprovechar esta declaratoria de emergencia para insistir ante el Gobierno Nacional con nuestro legítimo pedido de reubicación del denominado Centro de Rehabilitación Social Regional que nos ha afectado y que sigue afectando a nuestra tranquilidad, a nuestro crecimiento económico y social. Adicionalmente, pedir que se incluya una partida para la construcción de un centro de detención provisional para delitos menores, infracciones de tránsito, pago de alimentos y otros similares.(O)