Las autoridades nacionales del COE han señalado que a partir del 1 de junio de 2020 se procedería a retomar parcialmente las actividades en varios cantones del país, dejando en manos de los COE cantonales la decisión de solicitar este cambio de color del rojo al amarillo en cada territorio cantonal. El Ecuador no estuvo preparado -no ha estado preparado- para enfrentar una situación de emergencia de estas características globales, dicho de otra forma, desde hace muchas décadas vivimos frente a abismales carencias de un sistema de salud que no ha funcionado. El grave conflicto económico mundial, manifestado en una profunda e incalculable recesión y en el caso ecuatoriano reflejado en una economía y finanzas públicas quebradas con una deuda externa descomunal, hacen comprometida y dificultosa la búsqueda de soluciones para enfrentar los problemas de salud, empleo y en general de una aceleración de la economía que permita recuperar empleo sostenible en el tiempo, el trabajo existente está en riesgo, no solo por la crisis señalada ni la vigencia del coronavirus, sino por las políticas que la Función Administradora del Estado pretende imponer en materia de relación laboral.  

El Ejecutivo remitió a la Asamblea Nacional dos proyectos de ley con el carácter de económicos urgentes. En uno de ellos se buscaba interpretar el texto del actual Art. 169 No. 6, del Código del Trabajo, que establece causales para la terminación del contrato de trabajo argumentando caso fortuito o fuerza mayor; sin embargo, muchos empleadores en conocimiento de este hecho procedieron a dar por terminados los contratos de trabajo, sin esperar la interpretación de la Asamblea Nacional, dejando sin su fuente de ingresos a miles de trabajadores y sus familias, la mayoría de estos trabajadores liquidados sin indemnización correcta. En esta situación de por sí negativa, el Presidente de la República retira el pedido que hizo a la Asamblea Nacional de una contribución económica a los trabajadores públicos y privados, mediante la aplicación de una tabla, pero a renglón seguido, dispone que se rebajen las horas de trabajo de 8 a 6 horas diarias (Jornada Diaria de Trabajo), solo en la jurisdicción administrativa de la Función Ejecutiva, disminuyendo en esa misma proporción el monto del sueldo o salario mensual en un 16.66%, mientras que al Magisterio Nacional de 8 a 7 horas diarias y un porcentaje de 8,33% en su remuneración. En los dos casos -sin el menor análisis del alcance de esa medida- se rebaja el sueldo o el salario y se perjudica al trabajador y al servidor público en su Fondo de Reserva de cada año. Se rebaja el fondo de cesantía; a su vez, se dispone pagar el aporte al IESS sobre el sueldo normal pactado, todo esto viciado de ilegalidad y violando la Constitución y la Ley de Seguridad Social.

Se autoriza pactar la rebaja hasta del Salario Mínimo Vital General por un determinado tiempo argumentando la crisis económica y de salud. Se intenta la posibilidad de que una vez superada la crisis, quienes se acogieron al teletrabajo puedan solicitar su regreso a la modalidad presencial de mutuo acuerdo entre las partes. Se intenta el trabajo por horas (inconstitucional) pero, adicionalmente, retardatario de derechos frente a la seguridad social. El IESS recibe y contabiliza los aportes mensuales de una jornada diaria de 8 horas (40 horas semanales y 160 horas mensuales), cada mes aportado es una imposición, de aceptarse el trabajo por hora el trabajador debe completar 160 horas para que el IESS le contabilice un mes o imposición mensual. Nada de esto analizó el ejecutivo, ni el legislativo, lo más grave es que el IESS (sus autoridades) tampoco han dicho nada, -claro que esto último no es novedad-, más bien ha sido la pauta de actuación de quienes debían defender los dineros de afiliados y jubilados, (distintos de los dineros del Estado), por sobre todo la autonomía institucional del IESS, consagrada en la Constitución de la República. Vivimos desde hace rato una irrelevancia de principios en relación a la ética, la justicia, la dignidad individual y colectiva, al respeto a la propiedad privada (sueldo y salario), a los bienes públicos, a la institucionalidad. Cuando un país garantiza la propiedad privada y el respeto a su marco constitucional y legal, las personas (sociedad en general) pueden dedicar sus energías (sus mayores esfuerzos) a innovar e invertir, sin seguridad jurídica y el ejemplo de las autoridades es difícil asegurar aquello, pues como vemos en esas comunidades reina la corrupción. (O)