Un día cualquiera de marzo 2011, la repotenciada terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Cotopaxi se alborotaba con la presencia de seres importantes llegados por vía terrestre desde la capital, con motivo de “inaugurar” ante la mirada de los parroquianos de la capital cotopaxense, la fábula que habían creado desde el décimo piso del lujoso edificio de la Dirección General de Aviación Civil en Quito, con una inversión superior a $36 millones de dólares petroleros, entre 2009 y 2011. Para montar el espectáculo, no era posible hacer demostración con un avión carguero, pues el AIC se encontraba desmantelado de equipos de rampa para atención de carga, bajo responsabilidad de una empresa privada que también brinda servicios en el aeropuerto de Tababela.

Pero como todo es posible con dinero y/o poder, la ministra en funciones -que ahora es huésped permanente de la embajada Argentina en Ecuador- se dio el lujo de disponer que un avión de pasajeros de TAME en vuelo regular entre Quito y Guayaquil, “haga una paradita” en la capital de las chugchucaras para dar un “aventón” a la orgullosa ministra, que hacía alarde del desprecio de las normas de seguridad que prohíben tamaño atentado contra la seguridad de los atónitos pasajeros que se espeluznaron al divisar las riberas del río Cutuchi, en lugar del río Guayas. Increíblemente, ni siquiera pudo arrimarse la aeronave a la inaugurada manga para que desciendan o ingresen pasajeros, puesto que no disponían de arrancadores para los motores y por tanto ¡debió estacionarse en la rampa, sin apagarlos y permitir el abordaje de la susodicha!

Para redondear tamaño atentado a la seguridad, resulta que la DGAC es subordinada al Viceministerio de Transporte Aeronáutico, que cumplía órdenes de la ex MTOP, con lo cual la autoridad a cargo de seguridad aeronáutica no podía abrir la boca, y todo quedó consumado. Este triste episodio marcó el inicio de una década de incompetencia y negligencia que hoy recordamos y protestamos. Detrás de esta inoperancia tolerada por las más altas esferas del Gobierno actual y anterior, están oscuros intereses del concesionario del aeropuerto de Quito que tiene varios canales para obstaculizar la marcha de nuestra terminal, como la desleal competencia que se evidenció con la empresa Cargolux.

Cuando esta empresa carguera decidió llevar sus operaciones al aeropuerto de Tababela, luego de haber operado por alrededor de diez años en Latacunga, a pesar de todas las facilidades que le permitían reducir sus costos y elevar su eficiencia, no existió gestión  alguna por parte de la DGAC ni autoridad vinculada con este aeropuerto estatal para evitar su retirada. La paralización era inminente y truncaba las ilusiones de despegue, al menos en el servicio de carga de exportación e importación, evidenciando un silencio cómplice de autoridades centrales y locales, perjudicando a la región.

En agosto de 2019, desde los gremios privados se convocó una reunión de alcaldes, Prefecto Provincial, Gobernador y asambleístas de la provincia para buscar una salida al manejo inaceptable por parte de un ente cuya competencia es la seguridad aeronáutica, alejada de la eficiente administración que demanda una terminal aérea en un mundo altamente competitivo, que pueda “gestionar” la presencia de aerolíneas para transporte internacional de carga, así como pasajeros en rutas nacionales e internacionales. Se concretó una propuesta de “competencia concurrente” que permitiría la gestión conjunta entre el Gobierno Central y autoridades locales, sin asumir la responsabilidad de los riesgos financieros. El vicepresidente Otto Sonnenholzner acordó conformar un Consejo Consultivo con capacidad de decidir sobre su futuro. La pandemia y la burocracia se encargaron de enterrarlo.

¡Que indignación!(O)