María Belén Bedón, defensora del Pueblo de Cotopaxi. FOTO: WC/ LA GACETA

Entre los problemas que deben ser solucionados mediante la declaratoria de emergencia del CRS-C por  parte de las autoridades del Gobierno, está la falta de agua potable, recolección de basura y la sobrepoblación existente en los actuales momentos, según la Defensora del Pueblo de Cotopaxi, a marzo del 2019 existen aproximadamente 5800 PPL y de ellos apenas 330 son de Cotopaxi, el mayor número de presos son de Pichincha con más de 1600 presos entre hombres y mujeres.

María Belén Bedón, defensora del Pueblo de Cotopaxi, en diálogo con los medios de comunicación explicó que la institución días atrás envía información a la Dirección Nacional de Prevención de Tortura, explicando que el Centro de Rehabilitación Social Regional Cotopaxi, se encuentra en riesgo no sólo para los PPL sino para las personas que trabajan en el centro.

Los datos levantados en base al trabajo que realiza la institución sobre el centro carcelario son preocupantes, tanto por la vulneración de los derechos de los privados de la libertad; apuntó que el CRS-C al 2018 ya tenía una sobrepoblación, considerando que la capacidad del centro es para 5016 personas (PPL), sin embrago a abril del 2018, el centro carcelario tenía 4986 PPL; pero un mes después la población carcelaria creció a 5139 privadas de la libertad, a marzo del presente existe una población de aproximadamente 5800 presos, lo que significa que la cárcel regional de Cotopaxi tiene una sobrepoblación carcelaria.

La Defensora del Pueblo, comentó que en el CRS-C, 300 PPL varones son de la provincia y apenas 30 mujeres; apuntó que los presos en su mayor porcentaje son de Pichincha 1211 hombres, mujeres 430 mujeres y de Esmeraldas 504 hombres.

Respecto a personas sentenciadas que cumplen una pena en el centro carcelario al 2018, en hombres era de 1921 y 336 procesados, en mujeres el número de sentenciadas era 583 y procesadas 276, aquello genera una alerta, la Defensora del Pueblo se preguntó, por qué las personas procesadas tienen que cumplir una pena privativa de libertad  en un pabellón de máxima y mediana seguridad, cuando para  ello se crearon los pabellones de transitoria porque no tiene una sentencia.

A mayo del 2018 según datos levantados por la Defensoría del Pueblo, al interior del centro carcelario existían 30 personas fallecidas por varias circunstancias; pero en los últimos meses del 2018 y los dos primeros del 2019 se han dado muertes violentas producto de la  presencia de armas de fuego, en este marco, la preocupación de las autoridades es que la presencia de las armas de fuego al interior de la cárcel no sólo ponen en riesgo la vida de los presos sino de las personas  que trabajan en el sitio.

La Defensoría del Pueblo en el CRS-C ha identificado dos problemas de urgente solución; agua potable, dijo que el centro carcelario apenas tiene agua durante dos horas diarias de 06:00 a 08:00, aquello permite  que las baterías sanitarias a partir de dicha hora permanezcan llenas, aquello genera que los privados de la libertad tomen los excrementos en fundas y arrojen a la parte exterior de las celdas, poniendo en riesgo la salud de la población penitenciaria, habló que el servicio de luz eléctrica se encuentra restringido, otro de los problemas es el relacionado a la recolección de basura y que en base a diálogos  con Epagal el tema se está mejorando, pero se debe seguir trabajando para una solución al 100%, a ello se suma el Economato, lugar donde los privados de la libertad no pueden conseguir productos nutritivos sino comida que hace daño al PPL y que lo adquieren por necesidad.

Frente a estos hechos es urgente la intervención por parte del Gobierno Nacional al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, ésta es una de las exigencias que viene realizando la Defensoría del Pueblo. (I)