Juan José Simón, delegado de la Defensoría del Pueblo en Cotopaxi.

En la actualidad los funcionarios de la Defensoría del Pueblo están vigilantes de que se cumpla la disposición del juez constitucional como es el pago de los sueldos no percibidos, la cancelación del IESS y los otros rubros que por ley tienen los servidores públicos.

Desde la Defensoría del Pueblo se han presentado otras acciones de protección a favor de ciudadanos despedidos del Ministerio de Educación y del Hospital General de Latacunga, donde han logrado que las personas desvinculadas sean reintegradas a la institución.

Juan José Simón, delegado de la Defensoría del Pueblo en Cotopaxi, manifestó que de acuerdo a las competencias constitucionales y al ser la institución nacional de derechos humanos que tiene como finalidad la difusión y la tutela de los derechos establecidos en la Constitución, han recibido algunas denuncias, petición o quejas por parte de servidores públicos.

Uno de los procesos fue presentado por parte de servidores del Hospital General de Latacunga, donde se registró la desvinculación de trabajadores, razón por la cual presentaron una acción de protección a favor de los servidores públicos ante la autoridad competente.

Explicó que después del trámite previsto en la ley el juez competente constitucional después de haber analizado el pedido y los argumentos de la Defensoría del Pueblo ha fallado a favor de los ciudadanos, se presentaron un total de ocho acciones de protección que tuvieron un resultado positivo, es decir, que la autoridad constitucional ha dispuesto la restitución en los cargos de los trabajadores que fueron despedidos en el tiempo de confinamiento. (I)