Entre muchas consecuencias de la pandemia, el sector público ha visto mermadas severamente sus fuentes de ingresos, particularmente los impuestos que generan las actividades privadas, que representan recursos “permanentes” para financiar la prestación de servicios en los cuatro niveles de Gobierno: nacional, provincial, cantonal y parroquial. Estos recursos representan alrededor de $15 000 millones anualmente. Mientras que existen otros ingresos “no permanentes” como el ingreso por venta de petróleo por encima del precio promedio calculado para el presupuesto del año.

El Gobierno Central hace partícipes de ellos a los cuatro niveles de gobierno con un porcentaje de los ingresos permanentes y otro porcentaje de los recursos no permanentes. Durante el boom petrolero de la década anterior, las dos fuentes de ingresos crecieron proporcionalmente al crecimiento de la economía, las exportaciones y las actividades económicas en general que desarrollan los habitantes. Para ejemplo, pensemos en el impuesto al valor agregado, que representa 12% de todos los gastos que realizamos, excepto pocos bienes y servicios que están exentos.

Otro aporte significativo va para el IESS, pues representa 9,45% del ingreso del trabajador, sumado a 12,15% que aporta el empleador. Esto significa que solamente entre estos dos “aportes” se destinan uno de cada cuatro dólares que el trabajador genera. Mirando desde la óptica del Gobierno Central, la tendencia a “sobre estimar” los ingresos es un mal endémico, para abultar los presupuestos, generar la mayor cantidad de obra pública y gasto corriente para proyectar una imagen de prosperidad en beneficio del mandatario de turno. Este “optimismo” acumulado en varias administraciones, nos lleva a buscar financiamiento dentro y fuera del país para cubrir el “déficit”, que no es sino el exceso de gastos.

Este “hueco” financiero ha alcanzado niveles inimaginables, por encima de $8000 millones este año, superior al presupuesto del Estado antes del boom del petróleo. Gracias a la caída de los precios del oro negro en los últimos años y de los ingresos permanentes por la desaceleración económica agravada por la pandemia,  la situación de la Caja Fiscal es muy complicada. Es casi imposible reducir los gastos corrientes, especialmente de nómina, debido a las ataduras de un Código del Trabajo que promulga las relaciones de dependencia de “por vida” con el Estado, gravando de forma impagable la desvinculación que pretenda el sector público.

Con este panorama, se pueden advertir los ajustes que el Estado debe hacer, pese a quien le pese, para ajustarse a la “nueva realidad” que nos impone el tamaño de nuestra economía, pues siendo petroleros, no podemos darnos la vida de tales, pues los ingresos son limitados y es imposible seguir financiando un presupuesto tan generoso como quienes lo han mal administrado, pateando la pelotita al siguiente Gobierno, para no poner en riesgo su atesorada popularidad. Las demandas ilimitadas provienen de todos los sectores. Todos consideran que son imprescindibles y sus ingresos intocables. Reina la anarquía auspiciada por oscuras organizaciones que con el populismo a flor de piel soliviantan al pueblo para que “demande” el cumplimiento de sus derechos, sin importar la inexistencia de esos recursos.

Si el Estado patriarcal ha visto mermar sus ingresos, no hay duda de que tendrá que ajustar sus egresos de acuerdo a sus posibilidades. No es una cuestión de afecto o desafecto. Son medidas de sobrevivencia, pues el endeudamiento no es solución sino problema para quienes vienen detrás y deberán pagar las deudas. Los alcaldes y prefectos se suman a la interminable fila de demandas por dinero, sin aportar de manera efectiva vías alternas para generar fuentes de financiamiento permanentes para dejar de depender del Papá Estado.

¡Ajústense los cinturones y dejen de llorar!(O)