Nuestro país, por cuarto año consecutivo, es agredido por una gigantesca flota pesquera china, que aprovechando las inconsistencias y generalidades de la Convemar depreda la riqueza ictiológica de especies migratorias que se dirigen a la Reserva marina de Galápagos. Lamentablemente, esto ocurre con el silencio cómplice de la comunidad internacional y la inoperancia de las autoridades ecuatorianas.

Desde el 2017, cuando fue detenido un buque chino dentro de la Reserva de Galápagos, se anunció que se impulsarían varios ejes de trabajo para alcanzar soluciones que regulen la pesca a gran escala, es así que se dijo gestionarían acuerdos con el Estado chino, con la Organización Regional de Ordenación Pesquera del Pacífico Sur (OROP-PS), con la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), con las autoridades de Perú y Colombia y con la Convención de la ONU sobre el Derecho al Mar (Convemar), sin embargo, el tortuguismo de la cancillería es desesperante, ya que no logran ni siquiera posicionar el tema como un problema de afectación ambiental a nivel regional o mundial.

Parece ser también que para los ministerios de Defensa, Ambiente, Gobierno, Agricultura y Pesca, además de la Secretaría de Justicia, el Instituto Oceanográfico, la Armada y su Dirección General de Intereses Marítimos, en este candente tema no cuentan con iniciativas que viabilicen el camino el cual posibilite extender la plataforma continental más allá de las 200 millas de territorio marítimo y así cerrar ese peligroso corredor de aguas internacionales entre el mar ecuatoriano y la zona exclusiva de Galápagos, donde se estacionan los barcos chinos para saquear e incluso robar la enorme riqueza marítima, matando sin control especies protegidas.

La amenaza de este depredador asiático, también extiende sus tentáculos en Ecuador a otras áreas en las que impone condiciones que atentan contra la soberanía nacional y el derecho a un trato equitativo y justo, es así que la balanza comercial para Ecuador es negativa, pues importa mucho más de lo que exporta. En 2018 cerró en – $ 2637 millones y hasta septiembre de 2019 fue de -$ 1150 millones. El mercado nacional está inundado de productos de origen chino: automóviles, maquinaria de todo tipo, celulares, computadoras, prendas de vestir, entre otros.

Además, la deuda del Ecuador con China alcanza los siete mil millones de dólares, con errores de negociación que han hipotecado la producción petrolera del país, al haberse aprobado un sistema de preventa en pésimas condiciones y contratado deuda con altas tasas de interés y plazos cortos, a los que se deben añadir cláusulas de confidencialidad para cerrar un círculo vicioso de recorrido de los dineros por paraísos fiscales, así como de entrega directa de recursos producto de esos créditos a un grupo selecto de empresas chinas (Sinohydro, Harbin, Gezhouba, Sinomach, CWE y Ceiec, entre otras) que han efectuado obras que en poco tiempo muestran defectos técnicos insalvables y  las convierten en una carga para el Ecuador antes que en una solución, la cual garantice su desarrollo.


Ante el anuncio del gobierno ecuatoriano de que está buscando nuevos créditos con los financistas chinos, lo justo sería que se transparenten los oscuros y millonarios negocios hasta ahora hechos, se sancione a los funcionarios que de manera cómplice se entregan a las insaciables apetencias de un imperio al que no le importa la estabilidad ambiental del planeta y que en sus negocios no muestra el más mínimo indicio de manejar principios éticos básicos de equidad, honorabilidad y justicia.(O)