En estos momentos en que se halla en discusión un proyecto de ley de carácter laboral, enviado por el Ejecutivo, es oportuno hacer el siguiente recorderis de la normativa constitucional de 1998, y de la vigente del 2008.

La de 1998 establecía:  Art. 18 inciso final: “Las leyes no podrán restringir el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.”  Art.23. …”17. La libertad de trabajo. 18. La libertad de contratación, con sujeción a la ley.” El   Artículo 35 establecía entre otras disposiciones: que el derecho a una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia; la intangibilidad e irrenunciabilidad de los derechos laboralesy que es nula cualquier transacción que implique renuncia de ellos.

 La del 2008, consagra: Artículo 326: “Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario”..  Pese a la claridad de esta normativa, existen “laboralistas” que poniendo en evidencia su clara alineación con la parte empleadora, abogan por la “flexibilización de las leyes laborales”, flexibilización que no significa otra cosa sino la eliminación de las garantías mínimas  reconocidas en las leyes; de esa manera se  podría despedir sin pagar las indemnizaciones; no respetar  la jornada de 8 horas, ni pagar por las horas suplementarias o por el trabajo en horas de la noche, en sábados y días festivos, sin ningún recargo; eliminar o disminuir el aporte patronal al IESS; aumentar el período de prueba a seis meses o más; afectar, de manera sutil, el derecho a las utilidades, y desde luego eliminar la revisión periódica de los salarios. etc.  A propósito, recordemos que el ataque al Código del Trabajo desde su aprobación en 1938, ha sido permanente por parte del sector patronal. Se afirmaba que iba a ocasionar la ruina del país, de los negocios y de la actividad productiva.

Hoy, muy humanitarios, como pretexto para las reformas, aducen que solamente el 30% de las personas en capacidad de trabajar, tienen trabajo y que el 70% está en la desocupación o semi ocupación; que en esa masa de desempleados la mayoría son jóvenes que también tienen derecho a trabajar, y que el Estado está en la obligación de crear las condiciones necesarias para darles trabajo. Hay quien, con burdos sofismas, afirma descaradamente que la Constitución “no prohíbe” que se dicten leyes reformatorias a las leyes laborales que sí podrían restringir esos derechos. Esos comentaristas propugnadores de la “flexibilización laboral” y de las consiguientes reformas, argumentan que el Código del Trabajo es obsoleto, que ya no es aplicable a la realidad actual; en definitiva, dicen que es una rémora para la modernización y crecimiento empresarial. La verdad es que el Código establece garantías mínimas para los trabajadores, evitando el abuso que siempre ha existido, por parte de empleadores que solo buscan el beneficio personal, como nos enseña la Historia; no consideran que la relativa justicia laboral que existe evita convulsiones sociales y permite el trabajo en armonía, que mejora en su eficiencia cuando se le brindan estímulos racionales, justos.  Recordemos que el salario mínimo actual es alrededor de 200 dólares menor que la canasta básica, lo cual apenas alcanza para obtener lo básico en alimentación, vivienda, agua, luz, vestuario, salud y educación de una familia. Cierto que el salario mínimo está entre los cinco más altos de la región, pero también es cierto que la capacidad adquisitiva en Ecuador, comparada con la de los países vecinos, es la más baja, ya que aquí todo es más caro.

Por su parte los empresarios, con una serie de argumentos claman por la reforma de las leyes tributarias y laborales, acusándolas de ser una traba para ampliar, modernizar sus empresas y realizar inversiones, para de esta manera crear puestos de trabajo. Pero no se debe olvidar que varios no cumplen sus obligaciones tributarias por años y que siempre han conseguido que los gobiernos dicten Decretos remisorios perdonándoles sus deudas. Datos publicados rebelan que los impuestos no pagados llegan a la enorme suma de más de 4.ooo millones de dólares. Además, logran exoneraciones de impuestos tanto a las exportaciones como a las importaciones de maquinarias y materias primas y más insumos, y las ganancias que obtienen no las invierten en el país para generar empleo, las envían al extranjero. Acudiendo nuevamente a la Historia, recordemos que en la bonanza de la exportación del cacao(“la pepa de oro”)  los  exportadores se volvieron millonarios, que fueron a Europa y  gastaron todo, y no  invirtieron un solo centavo aquí. Preguntemos en donde se invirtieron las millonarias ganancias producidas por la exportación del banano, del camarón, del atún, etc.  Esos malos empresarios que no pagan impuestos ni invierten aquí, son los que impiden el progreso del país. ¿Quién garantiza que los beneficios que obtengan con las múltiples reformas que plantean, serán utilizadas para modernizar las empresas y crear puestos de trabajo?