La comisión de delitos se ha disparado en la última década, atentando contra la seguridad ciudadana. Concomitantemente, los procesos judiciales vinculados al delito han desbordado la capacidad del sistema judicial. Finalmente, los centros carcelarios y centros de detención provisional han colapsado ante una sobrepoblación que enfrenta graves afectaciones a su propia seguridad y derechos humanos, que no los han perdido por el hecho de estar cumpliendo sentencia.
Cerca de 40.000 personas privadas de la libertad (PPL) a nivel nacional, de los cuales 66% están pagando una sentencia mientras que el 31% están siendo procesados, frente a una capacidad instalada para 28.000 PPL, generan un hacinamiento que, por sí mismo, causa muchos problemas al sistema de rehabilitación, funcionarios públicos, familiares, entorno y la sociedad en general. Esta responsabilidad que asume el Estado, de garantizar los derechos de los PPL mientras se encuentran al interior de los centros carcelarios, en algunos casos Centro de Rehabilitación Social, le significa al Estado un presupuesto del orden de 60 millones de dólares, de los cuales 40 millones se destinan solamente a alimentación.
La población carcelaria es mayoritariamente ecuatoriana, aunque han ido en aumento los extranjeros, siendo colombianos y venezolanos los más numerosos. Es notorio, por otro lado, que la mayoría de delitos lo cometen en la mayor proporción personas entre 25 y 34 años de edad, excepto violación, donde se distribuye mayoritariamente entre los 18 y 45 años de edad. Los hombres representan 93% de la población carcelaria, siendo 90% mestizos. Los jóvenes entre 25 y 34 años representan el 39% y entre 18 y 24 años el 22% de la misma. La educación es básica en 47% mientras que los bachilleres representan el 42%. Hay una relación directa entre mayor pobreza y desempleo con la comisión de homicidios.
Los hombres, mayoritariamente se involucran en delitos por tráfico ilícito de sustancias sujetas a control (38%) mientras que el 36% han cometido robo (con uso de la fuerza). Las mujeres han cometido delito por sustancias sujetas a control en 64% y solamente 16% han sido involucradas en robo. En total, 28% han sido sancionados por delitos relacionados con drogas, 27% delitos contra la propiedad, 15% contra la integridad sexual, 13% contra la inviolabilidad de la vida, 5%por asociación ilícita y delincuencia organizada y 12% por otros delitos, contravenciones y apremios de alimentos.
Ante este panorama, caben varias reflexiones desde “fuera de las rejas”. Estremecedor panorama el que refleja este problema social, y su crecimiento que va en el orden de 13% frente a un crecimiento poblacional del 2%. Preocupa de sobremanera que 40.000 personas se encuentren ante la justicia por haber cometido, o ser presuntos responsables de delitos. Grave evidencia de la presencia del tráfico de estupefacientes en el país, que está acabando con la ilusión de vivir de tantos jóvenes y mujeres, que por lo visto caen en la tentación de hacer dinero fácil para salir de la pobreza. Todos estos son dramas humanos que debilitan nuestra sociedad.
Algo debemos hacer, y pronto. Empecemos por desmitificar lo que ocurre “tras las rejas” y comprendamos el drama humano que viven los PPL y sus familias. No les retiremos el derecho de ciudadanos, que aún ostentan. Demostremos una pizca de caridad y solidaridad con el ser humano que ha caído en desgracia. Asumamos el compromiso humano de rehabilitarlos para ayudar a su círculo familiar y la misma sociedad. Fortalezcamos las gestiones de prevención, control, judicialización y hasta rehabilitación, para cerrar el círculo de seguridad ciudadana. No nos rasguemos las vestiduras, pues es un problema social que nos afecta a todos. ¡ACTUEMOS!(O)