Nuevamente el 30S conocido así por la sublevación de algunos miembros de la Policía Nacional el 30 de septiembre de 2010, se ha puesto en el debate, hecho que sucedió a raíz de la aprobación por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador de la LOSEP (Ley Orgánica de Servicio Público), donde se disponía reformas a derechos establecidos para miembros de la fuerza pública.
Este tema se actualiza en virtud de las denuncias que realiza el ex Contralor General del Estado, Carlos Polit, cuando asevera que la Comisión gubernamental que se estructuró para “investigar” estos casos habría utilizado recursos públicos con la finalidad de generar información errada y tergiversada, para perseguir a personas inocentes que no tuvieron participación estos actos, y condenarles por conductas que nunca lo realizaron.
Muchas veces la defensa ante estas aseveraciones es denostar a quienes lo realizan, situación que por momentos puede desviarnos la atención de los fenómenos mediáticos que sirvieron para condenar a militares, policías y civiles que fueron acusados por delitos tales como: paralización de servicios públicos, ataque y resistencia, sabotaje, etc., hasta tentativa de magnicidio.
En general, estos enjuiciamientos generaron un esfuerzo supremo en el sistema de administración de justicia, ya que conllevaban muchas horas de supuestas investigaciones y los encausados se contaban por centenares; la duración de estas audiencias en ocasiones se verificaban por varios días inclusive meses, en los que incluían cientos de testigos, horas de escucha y observación de videos, evacuación de diligencias que supuestamente incriminaban a pelotones de personas uniformadas, cuyo delito fue simplemente estar presentes en un lugar determinado, gritar una consiga o solamente el hecho de opinar ante los que se consideraba injusto que contenía la Ley Orgánica de Servicio Público.
No solo se ha tratado de un drama profesional sino también familiar, por cuanto además del enjuiciamiento penal también tenía repercusiones de carácter laboral ya administrativo, casi todos los investigados perdieron su puesto de trabajo, quedando al desamparo total.
Algunos de ellos enfilaron sus conocimientos para organizaciones criminales y otros por la falta de oportunidades se dedicaron a realizar actividades no tan lícitas; es decir una situación terrible y dolorosa, sin contar con las divisiones familiares, enfermedades y hasta situaciones fatales.
Esas realidades vislumbradas a los más de siete años de su ejecución, al conocer la forma en la cual se manipuló la verdad para simplemente satisfacer un ego del gobernante de turno, no solo que indigna sino que exige respuestas inmediatas y eficaces.
En estas tramas actuaron personal que no debían prestarse para este tipo de acciones, y que hasta en la actualidad coexisten en la respectivas unidades, es decir no han abandono su puesto sino que siguen siendo cómplices de todo lo que ocurrió, muchos de ellos ascendieron de puestos a niveles jerárquicos y salieron de forma normal de la institución, contrario a lo que sucedió con la tropa investigada.
Los grupos de respuesta judicial solo enfocaban a un tema preciso: generar una verdad a través de sentencias condenatorias, y posterior, actuar de manera benevolente otorgando indultos presidenciales, para demostrar la magnanimidad del Gobernante, ocultando el rastro de la persecución y la sanción inclemente.
¿Por qué no relataron todo lo que hoy aseveran?
A pesar de que las afirmaciones vertidas se digan ahora, de lo cual es lamentable, no podemos solamente quedarnos en desprestigiar a quienes lo aseguran, porque si debemos ser categóricos en advertir la cobardía y la maldad de esta gente, que teniendo un poder en esos momentos no fueron capaces de denunciar y decir la verdad.
¿Y qué hacer ahora?
Quedarnos impávidos solamente como observadores sin ni siquiera opinar, es rayar los espacios de la complicidad, y eso es intolerable. La mayor parte de causas se encuentran en investigación, donde los jueces y juezas tienen la última palabra, que por cierto por ahora están dando muestras de intentar hacer justicia.
Esa actitud también reprochable porque hay ciertos funcionarios judiciales que ahora puede realizar su trabajo con independencia, pero nunca será justificable, porque precisamente ese criterio tenía que haberse establecido con o sin temor, en cualquier tiempo o espacio.
Al menos para la Justicia jamás habrá dispensas, porque son PODER y siempre lo han sido, por ahora se desgarran pregonando su valor, y su compromiso, pero precisamente estas cualidades las deben tener antes de juzgar.
Lamentable resulta que los funcionarios “operativos” de aquella época, sigan en puestas de gran relevancia, porque si antes teníamos uno, hoy se han multiplicado generando una falta de certeza en el cambio tan cacareado.
Aunque no sea del gusto de muchos la existencia de comisiones, ésta parece ser necesaria, que esclarezca la VERDAD y la forma de reparar a tanto ecuatoriano/a encarcelado, perseguido e incriminado con actitudes falsas y perversas.(O)

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