Transcurrieron los primeros 100 días de la administración del señor Presidente de la República. Salvo las obvias expresiones y posiciones en contrario – propias del sistema democrático-, ha recibido muy buenos comentarios y aceptación de parte de la ciudadanía y de personalidades de opinión, vertidos en los distintos medios de comunicación y redes social. No obstante, es increíble observar la animadversión manifiesta de varios sectores políticos antagónicos, al no aceptar o reconocer los éxitos alcanzados, en tan poco tiempo.

En materia de vacunación cumplió eficazmente la oferta de inocular las dos dosis a 9 millones y más de ecuatorianos y muchos más con la primera dosis. Ha sido visible el respeto a la libertad de opinión, el manejo prudente de la economía, la baja de aranceles para dinamizar los negocios, la eliminación del ISD para la aviación comercial internacional y dinamizar el turismo, las medidas para facilitar la inversión extranjera, el retorno al procedimiento de solución de controversias del CIADI, los acuerdos alcanzados con el FMI y otros, son pruebas de que hay un sustancial cambio. El riesgo país bajo sustancialmente, lo cual hace prever vientos positivos de cambio.

Varias de las tareas a cumplir, concretamente las que requiere del concurso de la Asamblea, van a ser seguramente torpedeadas y su concreción -ya se advierte- no prosperará; es más, la oposición ya anunció que no aprobará ningún proyecto de ley que enviará el ejecutivo. Entre los proyectos está la denominada “ley creando oportunidades”, que dice relación con el empleo, para los que no lo tienen. Los jurásicos e inmovilistas ya aparecieron con sus “argumentos” en contrario, aduciendo que se trata de precarizar el trabajo. No les basta el argumento de que no se topará el Código del Trabajo para los que están protegidos por éste.

Otros proyectos aspiran modificar las reglas en ciertos sectores de la economía, como petróleo, minería, energía, telecomunicaciones, obras públicas, donde la inversión privada jugará un rol protagónico, pero al parecer tampoco merecerán el apoyo de la Asamblea. Y así por el estilo. El gobierno ha venido trabajando aceleradamente en todas aquellas cuestiones que caen dentro de la esfera de la función ejecutiva; pero está atado de manos, en todos aquellos tópicos de interés general que tienen que pasar indefectiblemente por la función legislativa, cada vez más desprestigiada, por actos reñidos por la ley y la incompetencia.

Ha expresado el señor Presidente que si no encuentra eco en la legislatura para dar paso a estos proyectos que van a aliviar la situación económica el Ecuador, le queda la vía constitucional de la consulta popular para que sea la ciudadanía la que dirima estas trabas políticas e institucionales que frenan el desarrollo, conspiran en contra de los que no tienen empleo, de los que requieren avanzar y de los que quieren vivir en democracia, con libertad de emprendimiento y seguridad jurídica.

Por qué no aprovechar esta coyuntura para que el gobierno analice también la opción de la derogatoria, vía referéndum, de la constitución del 2008 y reemplazarla por la de 1998, con ciertas actualizaciones, como lo ha propuesto Simón Espinosa Cordero, junto con las materias qué, de antiguo, no han podido solventarse por la vía del dialogo, entre estas, las que dicen relación con ampliar otras formas contractuales que permitan generar trabajo para los que actualmente no lo tienen, en su gran mayoría jóvenes. La reducción del número de asambleístas es un clamor ciudadano. Creo que el momento es el oportuno para que el señor Presidente aproveche su gran capital político en beneficio del Ecuador y su gente, pues de lo contrario tendrá penosamente que convivir con una Asamblea que no le dará tregua en su empeño por gobernar en paz y armonía.

La cuestión sobre la que sí hay preocupación general, es el grado de inseguridad que mantiene en zozobra e intranquila a la ciudadanía. Se nos informa que parte del problema es la reacción que se da como consecuencia de los fuertes controles que viene ejerciendo la fuerza pública en contra del crimen organizado. De todas maneras, el Estado tiene la obligación ineludible de afrontar este mal con decisión, inteligencia y frontalidad. Todo esfuerzo para posibilitar el aumento del turismo, la inversión y la generación de nuevos empleos, quedará rezagada sino se detiene este preocupante fenómeno.