El Contralor General del Estado ha pedido que los consejeros de mayoría del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, José Cabrera y Esthela Acero, procedan a efectuar sus correspondientes descargos, en razón de haber incumplido con las recomendaciones efectuadas por el Organismo de Control, sobre la inscripción de cuatro movimientos y/o partidos políticos, hecho suscitado en el año próximo pasado.

Se trata del envío por parte de la Contraloría General del Estado de una  predeterminación de responsabilidad administrativa a tres de los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral, dándoles 30 días para que justifiquen las razones del incumplimiento de sus recomendaciones (que son de obligatorio cumplimiento). Por consiguiente, estamos claros que se ha establecido una predeterminación de responsabilidad administrativa, que acarrearía una multa y destitución.

Si en los 30 días que tienen los consejeros de mayoría para justificar el incumplimiento de recomendaciones no lo hacen la Contraloría General del Estado procederá a confirmar  la responsabilidad administrativa y obviamente las correspondientes sanciones, esto es, una multa económica de  algo más de USD 7000 y la destitución del cargo.

La Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establecen con claridad que todos los servidores públicos son sujetos de control del Organismo Controlador, como consecuencia de aquello puede determinar responsabilidades administrativas y civiles culposas e indicios de responsabilidad penal, por falta de cumplimiento de recomendaciones del Organismo de Control.

De lo anotado podemos colegir que el argumento de que la Contraloría General del Estado está interfiriendo en un proceso electoral no tiene sustento alguno,  tampoco en la Función Electoral, porque quienes lo integran son servidores públicos. Adicionalmente señalar que al momento no existe proceso electoral alguno.

En resumen la Contraloría “recomendó” que se borren del Registro de Partidos y Movimientos Políticos a su cargo a cuatro de ellos, por considerar que no se habían cumplido requisitos mínimos para su inscripción. La mayoría del Consejo Nacional Electoral (tres consejeros) no acató las recomendaciones de la CGE que son de obligatorio cumplimiento; por consiguiente -siendo este el caso-, corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social -CPCCS-, ejecutar el pedido de destitución solicitado por la Contraloría General del Estado y proceder a posesionar a los nuevos tres consejeros en orden de arribo dentro del concurso promovido por el CPCCS de Transición.

Existen al momento voces de inconformidad manifestadas sobre la actuación de la Contraloría General del Estado. Se la ha calificado como excesiva y hasta exagerada, lo cierto es que está enmarcada en la Constitución de la República y  en la Ley Orgánica de la Institución de Control (Art. 211 y siguientes de la  CR, Arts. 46 y 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado).

Si se llegara a corregir el acto administrativo incorrecto -glosado por la Contraloría General del Estado- se estaría subsanando el asunto materia y objeto de mi opinión; pero parecería que existe otro tipo de situaciones de orden político electoral –propios de la manera de hacer política en Ecuador- que nos hacen presumir las razones por la cuales la mayoría del CNE no dio cumplimiento a las recomendaciones, tomando en consideración que fueron emitidas en el 2019.(O)