A confesión de parte, relevo de prueba. Así reza un axioma jurídico que significa que quien confiesa algo, libera a la contraparte de tener que probarlo Esto aplica al exalcalde Sánchez quien, haciendo esfuerzo para poner mirada de intelectual y al mismo tiempo sonriendo sarcásticamente, ha enfrentado la deshonrosa notificación con destitución que se ha ganado por parte de la Contraloría General del Estado.
Sánchez, ejercitando las mañas de un mal abogado que nunca ha ejercido, sostiene que la “descabellada” destitución no podrá ser ejecutada pues él ya no será alcalade cuando fenezca el plazo de 30 días que le han concedido, a pretexto de que ejerza su derecho a la defensa. Textualmente manifiesta sin vergüenza alguna: “Si el pueblo ya me destituyó en las urnas, ¿a quien van a destituir?” Por lo que, para efectos prácticos, ESTÁ DESTITUÍDO DESDE MARZO 24 DE 2019.
Sin perjuicio de lo dicho, la Contraloría General, siguiendo el debido proceso, realizó una auditoría especial sobre el proceso pre contractual y contractual del mal llamdo distribuidor de tráfico de la avenida Cinco de Junio en San Felipe, habiendo notificado los resultados provisionales en abril 24, 2018 dándole oportunidad de presentar los descargos y justificaciones. El Director Nacional de Auditoría de Gobiernos Seccionales le comunicó el INFORME APROBADO con fecha 15 de octubre. La Ley de la Contraloría en su artículo 69, determina que estos informes “no podrán impugnarse” , por lo cual están firmes. Pudiendo impugnar la resolución de responsabilidades administrativas ante el Tribunal Contencioso Administrativo dentro de los 30 días de notificada.
El informe que está en FIRME, determina que el Alcalde Sánchez …”no declaró desierto el proceso de contratación y no consideró las observaciones realizadas por el SERCOP…lo que ocasiónó que no se dé cumplimiento a la recomendación (obligatoria) del SERCOP, se suscriba el correspondiente contrato con un Consorcio que no cumplió con los requisitos exigidos en los pliegos, con documentación que carece de veracidad, e inobservado disposiciones legales.”
La Ley de la Contraloría señala que, sin perjuicio de las responsabilidades civil culposa o penal a que hubiere lugar, los que incurran en las causales señaladas (Art. 45 num. 3) serán sancionados con multa de uno a viente salarios mínimos, pudiendo además ser destituídos del cargo. Es elemental que la máxima autoridad de control debía imponer la pena máxima, lo cual ocurrió. Esperamos pronunciamiento sobre responsabilidades civiles para que la ciudad recupere los perjuicios económicos causados.
Este caso es el SEGUNDO del administrador Sánchez, pues el primero, muy similar, ocurrió en la ampliación de la vía Salache en enero de 2017 que SERCOP le detuvo la licitación, pero nunca justificó las observaciones y el expediente fue remitido a Contraloría en feberero 2018 para que establezca la sanción, que seguramente será similiar a la precedente. Increiblemente, el destituído, no dudó en incumplir por TERCERA OCASIÓN las disposicones del SERCOP en la licitación desesperada del Camal y firmar contrato en marzo 2019, a pesar de la orden para declararlo desierto, ante lo que SERCOP remitirá el expediente para sanción a Contraloría, que afirma NO existe levantamiento de las observaciones, sino únicamente levantamiento de la suspensión “en el sistema” para que el GAD pueda subir los documentos y completar el expediente.
Este comportamiento, seguramente merecerá que, ante presunta acción dolosa, Contraloría remita a Fiscalía para que inicie una indagación penal y de existir mérito, la instrucción fiscal. No cabe en la mente de persona civilizada entender esta desobediencia irracional. El pueblo de Latacunga merece respeto. El mal funcionario destituído por el pueblo en las urnas, debería ejecutar la sanción y MARCHAR A SU CASA DE INMEDIATO. (O)