Desde la década de los años 50 el consumo energético es exponencial, el estilo de vida de la potencia más grande (EEUU) demanda mucha energía per capital y esto a su vez impone  mucha presión  a las fuentes renovables y no renovables que suplen la demanda, el comportamiento del consumidor en Norteamérica  a la fecha no tiene rival, las grandes distancias que los ciudadanos deben recorrer al tener asentamientos distantes del centro de las ciudades, el mercado auto motriz que ofrece  vehículos SUV de grandes motores diésel o gasolina, todo  lo mencionado hace que su consumo de energía este lejos de lo que podrías ser eficiente.  

Europa por su parte tiene una demanda de energía más conservadora, el mismo diseño de sus urbes hace que la movilidad se reduzca al ser ciudades que acogen la vivienda y los sitos de trabajo dentro de una misma ciudad. Por otra parte la tasa de consumo se ve incrementada con mayor intensidad en los países en vías de desarrollo, lo que implica garantizar una  mayor carga sobre  los recursos del planeta. Esto nos hace pensar que esas naciones crecientes desean tener un estilo de vida como en Norteamérica y la gran pregunta que surge es ¿Qué ocurrirá ese día?.

Por esta razón el marco jurídico juega un papel importante a la hora de establecer las leyes que se convertirán en la guía para tener un desarrollo ordenado, respetuoso con el medio ambiente, sostenible y beneficioso para la colectividad, obviamente al hablar de energía se debe ahondar esfuerzos para establecer directrices claras, ambiciosas y alcanzables de un sector que afecta de lleno a la productividad, el comercio, el empleo y la calidad de vida de vida de los ciudadanos.   

A poco más de un año de haber salido La ley de Eficiencia Energética en Ecuador  sería importante conocer su alcance y evaluar los avances que esta ley ha conseguido.  La ley está vigente desde el 19 de marzo de 2019, está pensada para crear parámetros que fomenten el un uso responsable de la energía. La ley involucra a consumidores y proveedores de energía pero también da una participación importante a los a los Gobiernos Autónomos para que sean los generadores del cambio en su territorio.

La ley tiene injerencia en la construcción, el transporte y en este último dispone algo muy relevante en cuanto a movilidad, la puesta en marcha de un  transporte público haciendo uso de motores eléctricos para 2025, además se indica que existirá una reducción paulatina de consumo y emisiones por parte del parque automotor. Son dos medidas positivas, que deberían avanzar para que se cumplan las disposiciones en los próximos 4 años.

Al día de hoy la política y la energía se complementan, y una adecuada sintonía de estas partes puede tener efectos positivos en la economía. Ser eficientes en términos de energía se puede resumir en hacer más con menos y en términos de productividad eso significaría mejorar la competitividad,

Toda ley en beneficio de llevar una mejor calidad de vida debe ser apoyada, sin embargo, este marco jurídico debe ser ejecutado y planeado para que se convierta en una realidad.