El Ecuador se dolarizó hace diecinueve años, en circunstancias de enorme incertidumbre, con una economía débil y la especulación que campeaba en perjuicio de todos. La decisión sobrevino con la pretensión de sofocar el levantamiento popular que, de todas maneras, dio por terminada la presidencia del presidente Mahuad.
No podemos negar que la dolarización logró darnos la certidumbre cambiaria, que nos ha permitido llevar una economía real. Ya no se pueden esconder las debilidades con devaluación e impresión de billetes. Esta transparencia de las cifras exige un manejo responsable de la economía, so pena de alejar la inversión privada y el financiamiento, que siempre lo vamos a requerir. Es por eso que, cualquier decisión gubernamental que afecte los factores económicos de la producción, se verá reflejada en favor o en contra de los consumidores.
El modelo político que imperó por diez años, y del que estamos saliendo lentamente en los últimos dos, subordinó las decisiones económicas a los intereses políticos que imperaban. Los errores en esta materia se acumularon, al punto de haber encarecido nuestra producción en 25% por encima de la inflación en Estados Unidos, en los últimos ocho años del Régimen Correísta. Esto significa un grave retroceso en competitividad, que no obedece a ineficiencia del sector. Es un problema estructural del entorno que es responsabilidad del Estado.
Los productos ecuatorianos, siendo más caros, no pueden ser exportados y tampoco pueden competir con productos importados. Es decir, dejamos de ser competitivos. Penosamente, quien paga los platos rotos es el consumidor local, que tendrá que decidir entre productos buenos locales caros o productos importados o locales más baratos, de mala calidad. Gracias a esta “ventaja comparativa” existen productos importados y locales de dudosa calidad, que no cumplen con estándares de calidad, que se ofertan a precios muy atractivos.
El consumidor tiene derecho a ser debidamente informado de lo que adquiere. Las normas vigentes de calidad buscan dar esa garantía. Sin embargo, no sirven de nada si no cuentan con la decisión de informarse y exigir transparencia al fabricante y comerciante. El simple ejercicio de LEER las etiquetas, cambiará el nivel de entendimiento sobre el producto que desea adquirir. En todos los casos, puede demandar mayor información escrita del vendedor e incluso acceder al sitio web del productor INEN, en busca de especificaciones técnicas y la norma de calidad específica para el producto. Ante la falta de interés del consumidor, se abren muchas posibilidades de ENGAÑO AL CONSUMIDOR, por fabricantes y comerciantes inescrupulosos que no dudan en obtener beneficio ilegítimo ofreciendo productos que “no son lo que aparentan”.
A manera de ejemplo, podemos observar la venta de leche que contiene suero añadido, sin rotularlo como BEBIDA LÁCTEA y no como LECHE; arroz sintético que no es apto para consumo humano; juguetes que incumplen normas para pinturas con plomo; licores que engañan con nombres sugestivos de algo que no son (suenan como RON pero no son) y esconden el contenido alcohólico para aparentar precio menor que un producto con el contenido alcohólico normado; cerámica de origen chino que no cumple normas de calidad.
Todas estas formas de engañar al consumidor, no tendrían éxito, de no ser por el desconocimiento del consumidor sobre lo que le ofrecen. Entendido es que su limitado poder adquisitivo le hace inclinar por lo más barato. Pero esa simple decisión puede llevarlo a poner en peligro su salud, en productos de consumo, y en el mejor de los casos a ser sorprendido y perjudicado por favorecer un precio “menor” por un producto MALO Y CARO.
¡Prefiera el producto ecuatoriano de calidad y apoye la reactivación económica!(O)