La crisis sanitaria originada por la pandemia del coronavirus o covid–19 ha desnudado falencias provenientes del Estado, y en otros casos, actos emanados desde lo privado, cuando ejercitan servicios de carácter público, como es la educación, salud, seguridad y otras.

El aislamiento generado por seguridad a la Salud en la que nos vemos inmersos como sociedad, ha desencadenado también repercusiones en los hogares respecto a la educación, que se evacua en los niveles escolares, colegiales, universitarios y de posgrado no solo nacional sino internacional; puesto que la interrelación docente-estudiante, ya expira en lo presencial y se generaliza en la utilización de plataformas informáticas, donde las tecnologías de comunicación son inmensas y de variada índole.

Pero, además de estas innovaciones también el asunto se centraliza en el aspecto económico, y las limitaciones de ingresos de los padres y madres de familia, que priorizamos gastos primarios de supervivencia por encima de otros egresos; por lo que, indudablemente debía establecerse la intervención del Estado, en el apoyo de las moratorias de acreencias, pagos de servicios y otros que deberían por lógica esperar que las actividades retornen de alguna manera a la normalidad, situación que jamás se evidenció.

Desde este aspecto se han generado reclamos e inconvenientes desde el sector de padres y madres de familia, por el pago o no de pensiones educativas en instituciones académicas privadas, por cuanto en muchas de las ocasiones se cancela por adelantado esta delegación de servicio, a través de autorización de débitos a cuentas personales, o dejando cheques para su cobro, o también pagando por adelantado estos rubros mensuales. En otros casos se esperará el depósito y si no lo realiza, se establece a través de los contratos de educación una deuda que podría ser cobrada ante los tribunales de justicia ordinaria.

Al respecto, la Ministra de Educación ha sido bastante tibia en sus declaraciones, al dejar para este tipo de instituciones a su libre albedrío: rebajar la pensión mensual en un porcentaje, llegar a acuerdos o simplemente disminuir rubros como alimentación y transporte. Inclusive el propio Presidente de la República del Ecuador exhorta o realiza llamados de buena fe a los propietarios de estos establecimientos, pero a pesar de pertenecer al sistema nacional de educación no ha interpuesto directrices para un correcto y justo funcionamiento.

No podemos desconocer que detrás de estos pagos periódicos también se encuentran sectores altamente sensibles como es el caso de la situación laboral de los docentes, alguno de tiempo completo y otros, hora clase, cuyo único sustento son los ingresos de las instituciones educativas.

Cada año este tipo de instituciones y manera previa solicitan y justifican a las Direcciones Distritales de Educación la elevación de las pensiones educativas, para lo cual deben justificar mejoramiento de la calidad educativa, profesionalización del personal docente, inversiones en la infraestructura física, mejoramiento de las propuestas académicas, etc.; por lo cual se tornó como costumbre la continua alza, a las cuales los padres y madres de familia, no oponíamos mayor resistencia, sino que al contrario hasta justificamos este tipo de medidas; es decir, siempre hemos colaborado por el engrandecimiento de la institución, aunque este tipo de servicios es un negocio de carácter privado, pero benefician al sector educativo de nuestros hijos.

Es decir, de parte nuestra siempre ha existido la colaboración suficiente, hasta en las épocas más complicadas, cuando se trata de inicio de año lectivo y se realizan enormes egresos por la lista de útiles y material escolar, así como adquisición de libros; por lo que los gastos no se reducen solamente a cumplir para acceder a la educación, sino para que se la evacue en la mejor forma posible.

Ahora que necesitamos de la reciprocidad más que de las autoridades, sino de los propietarios de este servicio, no hemos recibido igual trato, porque deben ser conscientes que los egresos no son los similares para los períodos normales, por cuanto el pago de energía eléctrica, agua, mantenimiento de la infraestructura física o depreciación de activos no se lo debe considerar, por cuanto no están laborando al interior de las escuelas, colegios y universidades.

Más aún, cuando las plataformas informáticas se acceden en muchos de los casos de manera gratuita y otros con licencia, que el inicio del año lectivo también se cancelan, por los libros que se adquieren y que nos remiten a links donde ofrecen estos servicios.

En los actuales momentos hasta en el proyecto de Ley Humanitaria propuesto por el Ejecutivo aparecen incentivos económicos para los establecimientos privados que realicen descuentos, que servirá de motivación para aplicar el verdadero sentido solidario a la prestación de servicio público.

El tema no es sencillo, por cuanto el nivel de acceso tecnológico no es igual para todos, inclusive en la cobertura de Internet, pero también la utilización de servicios de plataforma informática, que al menos son veintitrés recursos de la más variada índole, y que en la práctica son subutilizadas por desconocimiento de estas innovaciones, o en su defecto por la limitación del tiempo, cuando existen de por medio corporaciones que prevén este tipo de aportes en tiempo ilimitado.

No puede justificarse que las sesiones virtuales par el área de conocimientos se limiten simplemente para disponer, hacer, enviar y evaluar tareas en el hogar, sino que debe servir para utilizarse en las diversas metodologías a las que se puede acceder, desde visitas virtuales a museos, pasando por conversatorios y hasta reuniones con padres, madres de familia e hijos.

El año lectivo culminará en el mes de junio, y la Educación no será la misma, esperemos que el pago mensual tampoco sea idéntico.(O)