La Constitución de la República del Ecuador vigente desde el 20 de octubre de 2008, señala expresamente que los ciudadanos(as) somos iguales ante la Ley, axioma o principio que es ratificado en el marco jurídico que nos rige. Sin embargo, valiéndose de este principio del derecho en la década del correismo se inventó una Ley de Comunicación, que fue aprobada por la mayoría gobiernista en la Asamblea Nacional, oleada y sacramentada por el supremo jefe, trasto en el cual se incluyó el “Derecho a la Réplica”, prevalidos para este protervo fin, de que la libertad de expresión es un derecho de los ciudadanos(as); pero que en la realidad se transformó en un derecho únicamente de ellos… de la gallada… que desadministró el país en los últimos 10 años.
Llegó a tal extremo el uso y abuso por parte de los funcionarios públicos del “correato” de este derecho a la réplica o rectificación, que la ciudadanía en general tuvo aversión a este mal uso por parte del Estado y sus funcionarios del derecho a rectificar, esto en razón de que en los últimos 10 años perdidos existió una sola verdad, aquella que era manifestada los días sábados por Rafael Vicente Correa Delgado en sus cansinas sabatinas, homologada inmediatamente por los cercanos al poder en cada institución pública a partir de los días lunes. Recuerden ustedes a manera de ejemplo, un sábado el supremo dijo que el Estado ecuatoriano no le debía un solo centavo al IESS y el lunes siguiente el Delegado del Presidente al Directorio del IESS, Richard Espinosa Guzmán en rueda de prensa señaló… en verdad el Estado no le debe al IESS y, a reglón seguido, dispuso se elimine de la contabilidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, una deuda de más de USD. 2.500 millones de dólares que con los intereses de Ley debe estar cercana a los USD. 3.000 millones o más. En buena hora para los ecuatorianos esta inconstitucional, ilegal y arbitraria disposición ha sido rectificada por la Contraloría General del Estado.
Sostengo que en verdad se abusó del derecho a la réplica o rectificación por parte de los funcionarios del anterior gobierno, de manera especial, por parte de Carlos Ochoa, Superintendente de la Información y Comunicación, así se ha reconocido cuando este funcionario del correismo ha sido destituido del cargo de Superintendente, por la Contraloría General del Estado, entre varias razones, por abusivo. Hizo mal uso de su cargo y de sus atribuciones y, con el visto bueno del Jefe Supremo, atropelló a personas e instituciones, lo usó para dar gusto al Regente Supremo de ese entonces. Esta separación fue ratificada y ejecutada por el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana, presidido por ese gran ecuatoriano Doctor Julio César Trujillo Vásquez. Finalmente, oleado y sacramentado por la Asamblea Nacional, que adicionalmente, le ha juzgado mediante Juicio Político y, obviamente, lo encontró culpable de violar el derecho de todos a la información y a la réplica, además, de otras cosas más propias del correismo desarrolladas en estos últimos 10 años…que daño le hizo a la institucionalidad del país la vigencia de esta Ley, y mucho más la creación de la Superintendencia, como la designación del señor Ochoa.
No es justo que en base al derecho de todos a ser informados y a pedir correcciones –no solo de los funcionarios públicos de elección o designación de Correa- se limité, persiga y sancione a quienes con su esfuerzo y trabajo profesional, querían informar con la verdad, -no la dicha por Correa y sus adláteres-, sino aquella procesada por los verdaderos periodistas investigadores. Hoy que vamos día a día conociendo las monstruosidades y barbaridades de toda índole cometidas en la década perdida de desgobierno en todos los ámbitos de la administración pública bajo la responsabilidad del Ejecutivo, sabemos que los hechos informados por la prensa libre, fueron ciertos y que el ensamblaje montado para taparlos no fue perfecto, por eso querían perpetuarse en el poder y por eso promocionaron el no en el Referéndum y Consulta Popular del 5 de febrero último… el pueblo les dijo todo sí …ahora confiamos en que el mandatario que solicitó al pueblo que se pronuncie favorablemente a sus requerimientos, cumpla a cabalidad con el mandato popular.
Entendamos que cualquier privilegio es contrario al derecho, jamás debe abusarse de un marco jurídico en beneficio de un grupo enquistado en el poder. Debemos entender que la libre expresión y la réplica o rectificación son comunes a todos los ecuatorianos, a sus instituciones públicas y privadas. Se hace necesario derogar la actual Ley de Comunicación y elaborar una nueva que se adapte al mundo actual de la comunicación, libre expresión y réplica, esta última parte vital de una comunidad que se debe desarrollar en libertad, sin persecución, menos sancionadora y más democrática en conformidad con el marco jurídico producido por el Sistema Interamericano y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.(O)

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