Los Seguros Complementarios están orientados a proteger contingencias de seguridad social no cubiertas por el seguro general obligatorio o a mejorar sus prestaciones, son de carácter opcional, se financian con el aporte de los asegurados, y los empleadores pueden efectuar aportes voluntarios, pueden ser administrados por entidades públicas, privadas o mixtas, reguladas por la ley.
La Ley de Seguridad Social, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 465 de 30 de noviembre de 2001, encarga a la Superintendencia de Bancos la regulación, supervisión y vigilancia de las instituciones públicas y privadas integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Social, entre las que están comprendidas todas las personas jurídicas que administren programas de seguros complementarios.
El Art. 220 de la Ley de Seguridad Social, por su parte señala: “Los Fondos Privados de Pensiones con fines de jubilación actualmente existentes, cualquiera sea su origen o modalidad de constitución, se regirán por la misma reglamentación que se dicte para los fondos complementarios y, en el plazo que aquella establezca, deberán ajustarse a sus disposiciones que, en todo caso, respetaran los derechos adquiridos por los ahorristas”.
El Art. 304 de la Ley de Seguridad Social, indica que integran el Sistema Nacional de Seguridad Social en el Ecuador: El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, el Instituto de seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISSFA, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional ISSPOL, las Unidades Médicas Prestadoras de Salud UMPS, las personas jurídicas que administren programas de seguros complementarios de propiedad privada, publica o mixta que se organicen según la Ley.
La Superintendencia de Bancos, dictó la Resolución No. SBS.2004.0470, de 16 de septiembre de 2004, contentiva de las normas para el registro, constitución, organización, funcionamiento y liquidación de los fondos complementarios previsionales cerrados en el Ecuador.
La naturaleza jurídica del Fondo Complementario Previsional Cerrado del Magisterio Nacional, de conformidad con las disposiciones citadas, determina que es una entidad de derecho privado, conformado por los profesores ecuatorianos, que sin perseguir fines de lucro, tiene por objeto realizar actividades de beneficio social a través de una institución denominada Fondo Complementario Previsional Cerrado del Magisterio Nacional, el mismo que se ha conformado con el patrimonio autónomo, diferente e independiente del patrimonio de la de la institución administradora o de aquella de la cual deriva la relación laboral o gremial, (Estado), administrado bajo un sistema de ahorro individual.
La Contraloría General del Estado ha reconocido que el patrimonio autónomo del Fondo -se entiende-, como el conjunto de derechos y obligaciones concernientes a una finalidad de carácter social y, que se instituyó -como consecuencia- de una situación jurídica legal y constitucionalmente establecida -en la especie-, la situación constitucional y legal del Fondo Complementario del Magisterio Nacional, entidad aprobada y registrada en la Superintendencia de Bancos, en cumplimiento de la Constitución de la República y la Ley de Seguridad Social, nunca debió ser intervenido por el gobierno del Ex-Presidente Correa; a esa conclusión ha llegado luego de varios años el Juez de cuentas del Estado la Contraloría General.
Hoy este Fondo de única propiedad de los educadores volverá a ser administrado por sus dueños –situación que saludamos desde esta columna- el daño causado deberá ser valorado y establecido en los montos exactos y resarcidos en beneficio de los socios, sin perjuicio de las correspondientes sanciones a los causantes de conformidad con la Ley. Nos queda la satisfacción de haber opinado oportunamente sobre este tema, mucho antes de que el gobierno de Correa le meta la mano a los dineros de los Fondos Previsionales Cerrados.(O)