El Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, ha efectuado un estudio minucioso en la región en relación al gasto público tomando una muestra en 21 Estados. El estudio demuestra que uno de los países que más gasta en compras públicas es el Ecuador. El estudio del BID, estima que más o menos USD. 15.000 millones es el monto que destina el Ecuador anualmente para adquirir bienes y servicios para expresamente el sector público, esto equivale a por lo menos el 16% del Producto Interno Bruto –PIB-.
Esta situación contradice con las insistentes recomendaciones de todos los sectores de la economía que concuerdan con la necesidad de recortar el “gasto público”, adicionalmente a establecer –más allá de que se haya mantenido el ritmo de compras públicas en la suma antes indicada-, lo que debe priorizarse es la calidad de dicho gasto, en otras palabras de la eficacia de las compras. El poder eficaz en el gasto -evitará despilfarros- y de alguna manera también frenará la galopante corrupción, cáncer que se riega por las venas de américa latina, lamentablemente en gobiernos autocalificados de izquierda (Ecuador-Argentina- Venezuela- Nicaragua), entre otros.
El estudio del organismo multilateral hace referencia-igualmente- al mal gasto establecido en un análisis del desarrollo de varios proyectos y que ha sido valorado en un 26% del costo de dichos planes para el desarrollo, señalando adicionalmente que las pérdidas estarían en un rango que va desde el 7% al 25% del valor de los contratos de adquisición de bienes o servicios en áreas específicas de adquisición de suministros y realización de obras públicas.
El Servicio Nacional de Contratación Pública –Sercop- -organismo estatal- creado dentro del planificado tinglado de la administración correista para desarrollar fórmulas de impunidad -como es el caso- de la creación de regímenes especiales de adquisición de bienes y servicios y la utilización de este sistema especial de manera indiscriminada, debiendo señalar que al momento ha sido suspendido administrativamente por el actual gobierno presidido por el Presidente Lenin Moreno Garcés, y solamente en casos de excepción se lo podrá utilizar.
Finalmente, complemento mi opinión de esta semana haciendo referencia a lo que la ciudadanía ha bautizado con la denominación del impuesto al trabajo o el de pago de diezmos en la burocracia estatal, así es el caso de la Función Legislativa -en inicio- hoy existen denuncias en otras áreas de la administración del sector público, me refiero en el plano local el caso de la denuncia presentada por cuatro concejales en el GAD Municipal del Cantón Pujilí.
Esta “modalidad” que según se ha explicado consiste en el “compromiso” de quienes ingresan a laborar en la Función Legislativa dentro de los cupos asignados a cada legislador, obliga a los funcionarios escogidos “donar” una parte de su sueldo en beneficio de su directo jefe (legislador), caso contrario no se le extiende su contrato o nombramiento.
Esta peculiar forma de contratación conforma dentro del marco legal vigente en el país (Código Orgánico Integral Penal Art. 185), la figura del delito de “extorsión”, que consiste en la aplicación de la intimidación y como consecuencia de esta amenaza y miedo conseguir dinero en provecho personal, en el tema planteado “la necesidad de trabajar” parece que hizo presa de los ciudadanos, aceptando de hecho ser extorsionados, engañados y despojados de parte de su sueldo mensualmente. Todos los ecuatorianos fuimos objeto de extorsión-diaria- en la década robada, es hora de buscar cómo recuperar el dinero sustraído, porque el tiempo y la vida de los ecuatorianos es irrecuperable.
El tema vergonzoso sobre el cual opino se encuentra siendo tratado en el seno de la Función Legislativa –es más- la propia señora Presidenta de la Asamblea Nacional presentó en días pasados una denuncia en la Fiscalía General del Estado, a fin de que se investigue esta pusilánime forma de perjudicar a los servidores públicos y de enriquecerse por parte de verdaderos delincuentes disfrazados de servidores del pueblo. El dolor que acompaña a todo tipo de excesos lo siente el pueblo ecuatoriano. Saber que no se corrige el gasto público dispendioso, y no se prioriza la adquisición de –solamente lo indispensable- o conociendo con estupor que funcionarios públicos de elección popular extorsionan a sus subalternos en beneficio personal, ratifica que estamos viviendo -solamente un cambio maquillado- de la forma de gobernar al Ecuador en los últimos años.(O)

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here

siete + 3 =