El sinnúmero de problemas relacionados a raíz de la crisis sanitaria originada por la pandemia denominada como covid-19 es realmente alarmante, y ahora afecta también a las personas privadas de libertad (PPL) , que dentro del régimen carcelario en el Ecuador asciende a cuarenta mil aproximadamente, correspondiéndole al Centro Regional de Privación de Libertad Sierra Norte de la ciudad de Latacunga aproximadamente cinco mil presos, equivalente al 12% del total de estas personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria.

En ese sentido el hacinamiento carcelario se demuestra preocupante en el sentido de la masificación de estas personas y sin el espacio suficiente para desarrollar sus actividades al interior de los presidios, y más aún no contar con la atención de servicios básicos -sobre todo médicos-, que por el momento son indispensables para controlar esta pandemia sanitaria.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través de la Secretaría de Derechos Humanos, ha exhortado a las autoridades estatales para que acepten medidas alternativas y sustitutivas a la privación de libertad, sean condenas o medidas cautelares de carácter personal.

Según las informaciones recibidas del interior de las cárceles del Ecuador, se han reportado fallecimientos en su interior, por falta de atención médica, pero sobre todo porque no se puede disponer del aislamiento respectivo, por la naturaleza del cumplimiento de la privación de libertad.

De todas maneras el Consejo de la Judicatura, así como la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, han expedido directrices que tienden a disminuir la población carcelaria, a través de beneficios de prelibertad aplicados en la esfera del Código Penal vigente hasta agosto del año 2014 y la ejecución de las condenas establecido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), lo que permite ir descongestionando paulatinamente este tipo de factores que atentan contra la salud de las Personas Privadas de Libertad (PPL).

No es novedad este tipo de beneficios carcelarios, ya que siempre se los ha mantenido en el sistema penal y ejecución de condenas en el Ecuador, pero que al momento de exigir requisitos burocráticos la rémora se extendía demasiado tiempo, situación que en muchas ocasiones cumplían la pena y no accedían a estos derechos.

Además, con la creación de jueces de Garantías Penitenciarias, en el Ecuador se ha dispuesto su competencia en los lugares donde existen centros de privación de libertad, para que se tenga una atención prioritaria y preferente, para estos sectores vulnerables; es más, según indicaciones últimas, ni siquiera es necesario contar con las audiencias correspondientes, sino solamente sería el análisis de los jueces especializados y la resolución, contando para el efecto con los respectivos informes técnicos de estos centros.

Se asevera a través de las entidades encargadas de estos centros de privación de libertad, que aproximadamente una tercera parte de reclusos que han cumplido con los requisitos legales exigidos han obtenido su libertad,  asegurando que son aproximadamente seiscientos, lo cual no representaría ni siquiera el 1%, lo que resulta un mínimo dentro de su totalidad.

Al efecto, también se ha insinuado que se establezcan otro tipo de medidas alternativas a la prisión preventiva, como utilización de grilletes, o en su defecto arresto domiciliarios, pero al fin y al cabo hay una cultura securitista que no ha cambiado ni siquiera por esta pandemia sanitaria.

Lo más lamentable y frente a la posibilidad de recuperar la libertad cuando el covid-19 haya sido contagiado algún reo, podría acudirse a la garantía constitucional conocida como Hábeas Corpus, que se lo utiliza cuando la integridad física o psicológica de estas personas se encuentre en peligro o estén afectadas, ya que, si se disminuye la salud y frente al peligro de su contagio, puede indefectiblemente verse afectada la vida.

No resuelve en lo absoluto ser beneficiario de este derecho, cuando el contagio se ha propagado la humanidad del recluso y se otorga estas garantías constitucionales en una fase terminal o cuando ya es imposible proteger la vida de la persona.

No podemos admitir de ninguna manera que el fenómeno “Bukele” se inserte en nuestro medio, cuando al puro estilo del Presidente de El Salvador frente al problema carcelario, ha estimado que los presos no tienen derechos y que la fuerza pública debe hacer uso de los mecanismos de fuerza, incluyendo con acabar la vida, todo en nombre de ejercer una legítima defensa.

Para esto presentan las atrocidades de las pandillas denominadas como “maras”, por cuanto si estos grupos de civiles no respetan a los ciudadanos que también tienen derechos, el Estado tampoco debe respetarlos y acceder a la venganza privada donde se impone la Ley del Talión, “ojo por ojo”.

Este pensamiento se vislumbra en la oposición que las personas privadas de libertad accedan a estos beneficios y sean liberadas por el Estado, aunque no se percatan de que en lo absoluto no todos los condenados sean responsables de un hecho que se les atribuye, por cuanto también hay que reconocer que el sistema judicial del Ecuador, así como del resto de países, no es perfecto y tampoco goza de una fiable legitimidad.

Hasta donde se conozca, en el Ecuador no existe pena de muerte, porque el hecho de no adoptar mecanismos de prevención en la atención a la salud, lo único que origina es el peligro de desencadenar en un final fatal.

Es lamentable observar que el sistema de salud, así como penitenciario no está adoptando las medidas suficientes para salvaguardar la integridad física y la vida de estas personas, ya que por más delitos que hayan cometido siguen siendo titulares de Derechos.(O)