El 7 de febrero pasado, se eligió a los parlamentarios andinos. A propósito de este evento, caben algunas reflexiones. Los procesos de integración y asociación de los países, son ciertamente necesarios e indispensables en determinadas circunstancias históricas, al punto que han ocupado la atención de los gobiernos. El Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino, se creó en 1969 y lo constituyeron en su inicio Bolivia, Colombia, Ecuador, Chile y Perú. Venezuela se adhirió en 1973. Se transformó luego en Comunidad Andina de Naciones (CAN).

Fruto de cambios políticos y económicos distintos, se retiraron en su momento Chile, en 1976, y, Venezuela, en 2006; el primero, debido a que abrió oportuna y eficazmente su economía al mundo, y, por tanto, la estructura y objetivos del Acuerdo, le resultaban incompatibles con los principios de apertura y liberalización que fueron adoptados; y, el segundo, por razones puramente ideológicas y populistas, pues Chávez apostaba a otro tipo de esquema: la fracasada Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), que sería su principal objetivo “revolucionario”.

Entre las instancias existentes de la CAN está el Parlamento Andino. El diario “El Comercio”, en su editorial del 3 de febrero de 2021, titulado “Parlamento andino: una elección para el debate”, pone en cuestión su existencia al mencionar que “la gente se pregunta si el Parlamento Andino tiene razón de ser, si aportó verdaderamente alguna vez a la causa integracionista o es un costoso aparato burocrático que debiera desaparecer”.

El Parlamento Andino, compuesto por 20 miembros (cinco por cada país), es elegido por votación popular en sus respectivos países, pues es “la instancia que representa al pueblo”, cuya atribución fundamental radica en proponer “acciones normativas que fortalezcan la integración”. En rigor, no es un órgano propiamente legislativo, en los términos de un congreso o asamblea de los estados miembros: se trata más bien de que la ciudadanía “participe” de los procesos integracionistas.

Debemos entender y aceptar que son los gobiernos los que tienen el indiscutible poder para alcanzar los objetivos integracionistas, a través de los órganos establecidos en la CAN, que a lo largo del tiempo ha pasado por vicisitudes, problemas, retrocesos, muy propio de este tipo de transformaciones; de ahí que el parlamento andino no ha sido en rigor un instrumento efectivo de decisión. Desde este punto de vista, parecería que más bien ha resultado una carga.

Los países miembros de la CAN no supieron en su momento abrir sus economías: mantuvieron reservas, establecieron salvaguardas e incluso barreras de acceso a los mercados, lo cual hacía prever la falta de decisión política y visión estratégica de sus gobernantes; en realidad, no avanzó el proceso de manera armónica y consistente: luego de tantos años de vida institucional, el resultado no ha demostrado ser el que soñaron y esperaron sus creadores.

Nuestro país penosamente siempre se atrasó en la toma de decisiones en temas sustanciales, por asuntos más bien ideológicos -muy propio de la década perdida-, o por falta de visión estratégica. En efecto, a manera de ejemplo, no se adhirió en su momento a la Alianza del Pacífico; por fortuna, ha dado importantes pasos para que aquello se produzca. ¡Más vale tarde que nunca!

En resumen, lo que requiere la CAN es un giro de ciento ochenta grados para replantear sus fines y objetivos, hacia otros consistentes, prácticos y realistas, de cara a enfrentar los complejos retos que impone un mundo cada vez más complejo, globalizado y tecnificado.(O)