La acción del actual Parlamento ecuatoriano, que aún no cumple su primer año de labores, y sin embargo, ha logrado que una gran mayoría de la ciudadanía no aprueba su funcionamiento. Los ecuatorianos la encuentran  enredada en belicosos condicionamientos sociales, económicos y políticos, que en -el balance a la fecha- nos hace recapacitar que dentro de esa Asamblea priman intereses politiqueros y de grupo, que han  llegado a tener como objetivo la ingobernabilidad y destrucción del estado de derecho.

Los últimos acontecimientos suscitados en la Asamblea en el tratamiento de temas fundamentales  para el país, como la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en la  cual se aprobó la nueva escala salarial para el Magisterio Nacional, sin establecer debidamente su financiamiento permanente conforme ordena la Constitución de la República, es justamente un paso más  de una mayoría legislativa que funciona en falso. Se dijo que la equiparación de sueldos de los maestros ecuatorianos,  que costaría USD. 2800 millones anuales, se financiaría con la Reforma Tributaria planteada por el Presidente Lasso y con los nuevos ingresos petroleros. Sin embargo las mayorías circunstanciales que se establecen en el Parlamento han señalado que están por la derogatoria  de la reforma tributaria -en que quedamos-. No entendemos como una nueva escala salarial que se merecen los maestros, así como otros grupos de servidores del Estado ecuatoriano, pretenda ser sustentada económicamente con ingresos que no son permanentes, tal el caso del precio del petróleo o con los ingresos tributarios de una Ley que procuran su derogatoria. La Comisión de Educación de la Asamblea, de donde nació la nueva escala salarial del Magisterio, sostiene en su informe  que el financiamiento si puede darse con ingresos no permanentes. No se trata solamente de voluntad “política”, sino del cumplimiento estricto del marco constitucional y legal.  Hay que legislar buscando el bien común, y no como parece ser, buscando acomodar  intereses de grupos u ofrecimientos o compromisos político-partidistas. Hasta cuando debemos soportar la inconsecuencia legislativa enmarcada en la falta de ética, moral y civismo.

Vemos con profunda preocupación cómo se hacen nuevas mayorías-móviles- con objetivos desesperados tendientes a lograr vigilar de cerca –muy de cerca- los organismos de control: Contraloría General del Estado, Procuraduría General, Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura,   Superintendencias de Compañías y de Bancos, entre otros.

La actitud desafiante del Parlamento en temas concretos como el desarrollado sobre la nueva escala salarial del Magisterio o la concesión de amnistías a granel, sin estudiar, analizar y establecer quienes la merecen y quienes no, en base al marco señalado en la Constitución y la ley, son muestras fehacientes de esa actitud irresponsable. Es tan clara la intencionalidad desestabilizadora de grupos plenamente identificados en el Parlamento que, en esta condición provocadora, anuncian una nueva lista de personas que serían amnistiados en paquete. Nada raro será –de darse el caso- que encontremos en ese nuevo inventario a pejes gordos de administraciones anteriores, incluido aquellos sentenciados que se encuentran prófugos. Mientras tanto en la Ley de Inversiones que se tramita en el Parlamento hay cosas que deben eliminarse, se pretende legalizar el “cobro” del 0.5 por mil del presupuesto anual del IESS para financiar a la Contraloría General del Estado y a la Superintendencia de Bancos.

El Parlamento tiene dos obligaciones esenciales: legislar y fiscalizar, por favor en las circunstancias que vive la patria, legislen en búsqueda del bien común, propongan proyectos que solucionen o coadyuven a la solución de los graves problemas sociales, políticos y económicos que padece la sociedad ecuatoriana y que tienen que ver con la inseguridad, falta de empleo, seguridad social, salud. La reconciliación nacional no es un hecho demagógico, debe buscarse desde el Parlamento, con asambleístas dignos representantes de la voluntad popular y no con grupos interesados en tapar investigaciones de actos de corrupción evidente y peor aún meter la mano en la justicia para tirar abajo sentencias condenatorias o no permitir que actos de corrupción sigan el debido proceso y concluyan con sus respectivas sentencias.

El Parlamento ecuatoriano en las actuales circunstancias, tiene un enorme reto con la ciudadanía. Su papel cumplido hasta el momento  lo tienen como una institución ineficiente, que no coadyuva con la toma de decisiones democráticas, los integrantes del Parlamento nos están debiendo, no ha cumplido con sus verdaderas funciones, deberes y atribuciones,  han defraudado la expectativa del pueblo, no han desarrollado su trabajo con responsabilidad y decencia. La regla establece excepciones. (O)