El poder judicial en Ecuador

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Rubén Bravo Moreno

Poder Judicial, así  se llamaba originalmente, hasta que hace pocos años se  cambió su denominación a Función, al igual que a los otros dos poderes del Estado.

   Para  tratar sobre este tema es oportuno empezar citando a Montesquieu, en su obra  cumbre ‘El espíritu de las leyes’, editada por Demetrio Castro Alfín –Ediciones Istmo. S.A. 2002, página  246, cuando al tratar sobre los tres poderes dice: Tampoco hay libertad si el poder judicial no se halla separado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Si se encuentra unido al legislativo, sería arbitraria la potestad sobre la  libertad de los ciudadanos, pues el juez sería legislador. Si se presenta unido al poder ejecutivo, el juez podría tener la fuerza de un tirano.

Nada cabría hacer si el mismo hombre o el mismo cuerpo de notables, o de nobles, o del pueblo ejerciera estos tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones y el de juzgar los crímenes o los litigios entre  particulares.”

   En Ecuador la Función Judicial, pese a que se la llamaba ‘la cenicienta de las Funciones’, hasta el 2008, gozaba de una relativa independencia y respeto de los gobernantes  elegidos  y hasta de los dictadores, pero desde la expedición -en ese año- de la Constitución, perdió su independencia  al establecer el Consejo de la Judicatura, organismo que sirvió de instrumento para que el ejecutivo pueda  dominar la Función Judicial, cumpliendo su declaración de que iba a “meter las manos en la justicia”..  

   La Función Judicial fue humillada, comenzando por su máximo organismo, que de Corte Suprema se la cambió a Corte Nacional y a los Magistrados y Ministros se les llamó simplemente jueces. Esta importantísima Función, en todos sus niveles, fue burocratizada y corrompida, volviéndola sumisa y obediente a los mandatos del gobernante; se la volvió ineficiente y de la más baja calidad, pues para ingresar a ella solo se necesitaba el carné de afiliación  al correísmo

    La gente con sus problemas irresueltos en manos de los jueces, los abogados defensores, los más ilustres juristas y hasta  antiguos y honrados judiciales, claman porque la situación cambie, para que vuelva a recuperar su majestad, su independencia y honestidad.

   Este anhelo solo podrá lograrse con una nueva Constitución y con las correspondientes reformas al sinnúmero de normas que constituyen una maraña jurídica establecida para beneficiar y proteger a los corruptos, lo cual se evidencia con las resoluciones que los jueces de la era correísta vienen dictando en favor de quienes han cometido una serie de delitos; entre ellos los de peculado, delincuencia organizada, tráfico de influencias,  enriquecimiento ilícito, etc. (O)