La Constitución de la República en su Art. 76, numeral 7, letra I, señala expresamente: “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán ser considerados para este efecto.”, quiere decir que no se puede volver sobre lo mismo en un nuevo proceso, significa que ninguna persona puede volver a ser sometido a juicio por un mismo hecho.
Este principio totalmente independiente en la práctica está vinculado con la excepción perentoria de la cosa juzgada, pues extingue la relación jurídica entre el juez y los sujetos activo y pasivo, que va desde el estudio, análisis y juzgamiento dentro de un debido proceso. La sentencia así dictada inmutable y definitiva, hace que constitucional y legalmente sea prohibido que vuelva a ser motivo de otro proceso por el mismo objeto y con los mismos sujetos.
Es importante señalar que cuando se expide una sentencia penal condenatoria o absolutoria y ha pasado en autoridad de cosa juzgada, no cabe que se inicie un nuevo juicio penal por el mismo hecho y contra la misma persona que ya fueron consideradas en el juzgamiento. En el caso de sobreseimiento definitivo de un imputado que se encuentre ejecutoriado, ese clausura definitivamente la pretensión punitiva del hecho respecto de la persona sobreseído y obviamente impide la iniciación de otro juicio por los mismos hechos ya juzgados. El sobreseimiento definitivo del imputado impide que éste – en el futuro- pueda ser nuevamente encausado en el mismo proceso o en otro por el mismo hecho. El sobreseimiento definitivo da por finalizado el juicio.
La seguridad jurídica es parte del principio Non Bis In Ídem, constituye una garantía que otorga el Estado a los ciudadanos que se encuentren siendo parte de un proceso a fin de que no sean nuevamente juzgados por un mismo hecho, por tanto, prohíbe el doble juzgamiento y tiene por objeto evitar que subsistan causas penales actuales o ulteriores que se instruyan por un mismo hecho y contra la misma persona.
En países de regímenes unitarios como es el caso de Ecuador, la aplicación directa de este principio constitucional no trae muchos problemas; pero, en países federales como es el caso de los Estados Unidos, obviamente que la situación de aplicabilidad es diferente, pues es factible que en un Estado una persona haya sido juzgada y resuelta su situación; pero, puede ser iniciada una nueva causa en otro Estado.
La aplicación del principio Non Bis In Ídem, es directa e inmediata, no requiere de normatividad secundaria para su ejecutoriedad y es aplicable ilimitadamente en razón de la materia en todo tipo de resoluciones judiciales o administrativas que hubieren pasado en autoridad de cosa juzgada. Así podemos anotar que en materia administrativa, si se ha iniciado un sumario administrativo contra un funcionario, no puede iniciarse otro por el mismo hecho. En materia laboral si se ha iniciado un trámite de Visto Bueno en contra de un trabajador, no puede iniciarse otro contra la misma persona y por la misma causal, en los dos casos estaríamos frente a un doble juzgamiento que como hemos visto está prohibido por mandato constitucional.
El ideal que persigue toda sociedad es el imperio de la justicia y este principio jurídico es fundamental para el cumplimiento de este objetivo. Nuestra Carta Suprema es garantista de derechos, lamentablemente se ha encontrado con gestores de justicia no muy bien preparados que no han podido o no han querido aplicar directamente la norma constitucional de no juzgamiento a una persona dos veces por un mismo hecho; pero con el tiempo vemos y aspiramos que se vaya asimilando la aplicabilidad de estos derechos constitucionales propios y consustanciales a todas las personas, constituye a no dudarlo un gran avance social y humano que frena toda clase de despotismo o absolutismo, es el freno a los grupos que llegan al poder político y económico de un país y que lo utilizan para perseguir a sus adversarios, iniciándoles juicios penales disfrazando un mismo hecho con otras circunstancias.
Desde el punto de vista humano el inicio de un proceso judicial o administrativo conlleva la idea de una posible sanción y en el plano emotivo, familiar, social, financiero y laboral es bastante grave si esta situación se convierte en un acto persecutorio de enemigos y detractores que por interés político partidista se hace que se reinicien acciones por hechos ya juzgados. En todo caso el Ecuador tiene inserta en su Carta Constitucional este valioso principio, los tiene también en su normativa secundaria penal y administrativa; así como en el ámbito internacional consta en el texto del Pacto de San José, la prohibición del doble juzgamiento y el Ecuador es suscriptor y ha ratificado dicho instrumento internacional. (Art. 8, numeral 4).(O)