Ni bien se posesionó el actual gobierno, aparecieron los reclamos con las consiguientes amenazas de paro y movilizaciones. No existe en el país la cultura del diálogo y discusión civilizada que se traduce en acercar posiciones y obtener acuerdos o puntos de coincidencia entre las partes. ¡Pero no! Acá lo que hay es una suerte de búsqueda del enfrentamiento, como demostración de fortaleza de quienes los encabezan, sin reparar en los consiguientes daños que causan a la sociedad. La última movilización se centró únicamente en la ciudad de Latacunga, al no recibir suficiente apoyo.

Por lo general, los reclamos, a manera de movilizaciones o levantamientos, traen consigo pérdida de vidas humanas y económicas, destrucción de bienes privados y públicos, devaluando el propósito del justo reclamo. Carecemos del sentido de responsabilidad para con el país; constituye una suerte de traición de aquellos que los desnaturalizan, si consideramos los efectos perniciosos que traen consigo. Sólo recordemos lo que sucedió en octubre del 2019, evento inédito que está aún en la retina de todos nosotros, como un hecho irresponsable, reprochable y criminal que aún no tiene la condigna sanción. Aún no hay responsables por el incendio del edificio de la Contraloría.

La traición a la patria es un acto execrable, condenable y sancionado severamente; también debería considerarse como tal, cuando el dignatario o funcionario público abusa de su poder para sacar provecho y enriquecerse. Traición también es provocar males a la sociedad, impedir el trabajo de la gente, obstruir el normal funcionamiento de las empresas y negocios, pequeños o grandes, y provocar el caos que dañe la imagen del país para ahuyentar la inversión. El reclamo es un derecho de los ciudadanos, pero no constituye oportunidad para los inescrupulosos politiqueros desocupados.

Todas estas acciones -con tintes extremistas ciertamente-, son reprochables, y aprovechadas por agitadores profesionales que hacen de estas movilizaciones aún más violentas y desestabilizadoras. Ocurrió en el país, en Chile y ahora en Colombia, con visos de tragedia griega, por los efectos catastróficos causados por vándalos y desalmados delincuentes infiltrados. Y ahí es cuando se configura el síndrome que es “un conjunto de rasgos o características distintivas que se presentan juntas”, o sea en simultáneo.

A los interesados dirigentes se les juntan los perniciosos agitadores para conspirar contra la estabilidad institucional del país. Y claro, no les importa paralizar servicios públicos, cuya conducta se configura en delito, sancionado por el Código Orgánico Integral Penal (COIP), pero acá no pasa nada: la ley queda en letra muerta, aplicada solamente a los pequeños infractores.

A toda esta situación, se suma lo que Hernán Pérez Loose advierte en su artículo titulado ‘Campo Minado’ (El Universo, 8 de junio último). Menciona que el presidente Lasso “tiene dos enemigos de considerable poder”; colegimos por un lado que lo constituyen sus aliados iniciales que, al no haberlos aceptado, buscarán asfixiar a su gobierno para que fracase; y, por otro, los actuales aliados, que impedirán que cumpla sus ofrecimientos, pues el parlamento por lo general vive del bloqueo. Por ello, concluye que el gobierno “necesitará una buena dosis de habilidad política para sortear este campo minado y de visión para llamar a la ciudadanía para que sea ella la que resuelva este perverso conflicto”.

Es previsible entonces que a muy corto plazo los ecuatorianos seremos llamados a las urnas para consultarnos acerca de los vitales temas que requiere la gobernabilidad del país. No podemos vivir constantemente con la espada de Damocles, de los concertados e interesados levantamientos, paros y bloqueos parlamentarios irresponsables. Si queremos seguir gobernados bajo el estado de derecho y en libertad, convengamos en que es hora de que aprendamos a actuar civilizadamente, canalizando los reclamos a través de los legítimos representantes, sin caer en el juego de los interesados agitadores de profesión que solamente buscan desestabilizar -e incluso derrocar- gobiernos democráticos. (O)