Los negocios privados están expuestos a generar pérdidas, en caso su operación no genere utilidades netas, es decir un margen entre ingresos y gastos. Las causas pueden ser de diverso origen, pero la consecuencia siempre será el debilitamiento financiero que absorbe el capital patrimonial de la empresa y conducirá a la “quiebra” si pierde todo ese patrimonio y por ende las deudas superen a los bienes que tiene la empresa. El Estado no asume pérdida alguna, la que recae sobre los dueños del negocio y posiblemente afecte a los acreedores que no puedan cobrar sus deudas.
Cuando el Estado asume el papel de empresario y pone en riesgo su capital para ofrecer bienes o servicios que deberían ser reservados para el sector privado por el riesgo que involucra, las pérdidas y eventual quiebra recaerán sobre los ciudadanos, que son dueños de los bienes estatales. Entonces cabe reflexionar si a nuestra sociedad le conviene que se distraigan recursos económicos para atender aquellas actividades de riesgo, dejando de invertir en bienes y servicios que no pueden ser delegados. La justificación que se esgrime para esas erradas decisiones es la ilusión de generar grandes beneficios que observan en empresas privadas dedicadas a la actividad en cuestión.
Estados económicamente poderosos como Estados Unidos, no intervienen en producción de bienes ni prestación de servicios que puede ofrecer el sector privado, lo cual incluye la fabricación de armas, misiles, aviones de uso militar, etc. que se confían a empresas calificadas y celosamente auditadas. ¿Acaso nuestro pequeño país conoce una estrategia más adecuada para el manejo de los, siempre limitados, recursos económicos?
La realidad es que una gran parte de los recursos EXTRAS que nos cayeron durante diez años, con motivo de la lotería hidrocarburífera, se destinaron a AVENTURAS FINANCIERAS para crear obras faraónicas con sobre precios y una pésima ejecución, que nos han dejado con inversiones improductivas que requieren de ingentes sumas adicionales para ponerlas en razonable estado de operación. Mientras que las necesidades impostergables e ineludibles en materia de educación, salud, seguridad, medio ambiente, no cuentan con el dinero que se requiere para prestar los servicios que reclama con justicia el pueblo ecuatoriano.
La realidad es que el Ecuador enfrenta una desequilibrada situación financiera que, en muchos casos, ni siquiera ha logrado pagar, y le sigue generando gastos insostenibles en personal y costos operativos aunque NO operen en absoluto. Estas EMPRESAS ESTATALES se han convertido, además, en refugio de inescrupulosos administradores que han acelerado el proceso de debilitamiento, inoperancia y finalmente quiebra de la mayoría de ellas, abandonándolas a la suerte del destino.
Los recursos deberían ser invertidos exclusivamente en las competencias básicas, claramente definidas, que no se puedan delegar, ni concesionar, ni dejar al sector privado, para evitar actos arbitrarios de algún gobernante que pretenda interpretar a su antojo las que se pueden realizar. El Presidente Lenin Moreno ha anunciado el recorte de gastos impagables de las empresas públicas, y un proceso para CONCESIONAR, es decir ceder la explotación por un tiempo determinado a cambio de beneficios garantizados, que no es lo mismo que PRIVATIZAR, es decir vender las empresas estatales, que nunca debieron existir. La lista es larga y cuanto antes se detenga este sangrado inmisericorde de dinero, que mucha falta hace para sacar a flote la gestión pública, será más saludable para el país. La burocracia dorada que se benefició no quiere ceder espacio y pretende mantener esas desastrosas inversiones. El propósito justificable del Presidente no será logrado sin el respaldo de la ciudadanía, que debe decidir DETENER EL ABUSIVO MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS EN LAS EMPRESAS ESTATALES.(O)