Días después que dejara el gobierno Rafael Vicente Correa Delgado, aparece otra forma de tutelar el país con la ascensión de Lenin Boltaire Moreno Garcés, entonces admirador de Correa, pues de la noche a la mañana se renueva la democracia que estuvo secuestrada por el populismo, y como efecto dominó las piezas del despotismo y la corrupción comienzan a caer una tras otra con festones de hedor en los que están involucrados desde Correa y sus lugartenientes por diversos delitos contra la eficiencia de la administración pública: peculado, enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, incluido el más suave para favorecer al exvicepresidente Jorge Glass, de asociación ilícita con una pena de solo seis años. Y han ido a parar muchos de ellos que representan la corriente ideológica de la Revolución Ciudadana en la cárcel o se han fugado, constituyendo los escándalos de corrupción en noticia de la semana, volviéndose las acciones judiciales en crónicas mediáticas que con el pasar del tiempo van quedando en el olvido en la memoria colectiva a causa de aparecer otras jornadas de chivatazos y asaltos al erario nacional por esa turba de desadaptados que administraron la entidad pública tal si estuvieran en casa propia.
La jornada de consulta al pueblo ecuatoriano el 4 de febrero permite ‘sacar mediante voto’ a los consejeros del correísmo incrustados en el Consejo de Participación Ciudadana, Función del Estado que alcahueteaba poniendo en los puestos de control a los discípulos del Dictador para desde allí cuidar y perseguir a los opositores, mas, con la intervención de un nuevo Consejo de Participación Ciudadano de transición floreció la luz de la verdad, que la generalidad de los designados por conveniencia política fueron cesados por ineptos, inmorales, paniguados, amigos íntimos, vagos en su desempeño y, relevados por otros ciudadanos sin adeudo, principalmente en la Función Judicial (Fiscalía) que se reporta las actividades ilícitas de los truhanes. En cuanto a la evaluación de los jueces de la Corte Nacional de Justicia y jueces menores tienen que ser justipreciados de manera técnica respecto a la calidad y cantidad de sentencias con la revisión de su patrimonio, ahí podrán darse cuenta de que muchos procesos duermen el sueño de los justos, mientras que causas inherentes a sus intereses, a los de sus amigos abogados y consorcios jurídicos, a los de sus mentores son despachados a la brevedad posible y con fallos redactados cantinflescamente. Seguros estamos los abogados libres de trinca y paja que esta evaluación arrojará actos de inmoralidad con recomendación de acciones de carácter penal. Ahí les quiero ver vocales del CNJ.
Los medios de comunicación traen en sus titulares que la Justicia tambalea a los tres meses de ser nombrados por el cruce de declaraciones entre dos vocales que investigan posibles casos de corrupción, entre esos al Director del Organismo y a varios funcionarios. Esto faltaba que suceda en el ámbito de la sociedad, que los debates sean públicos, tal cual lo hacen los vocales Angélica Porras y Juan Pablo Albán; se debe cambiar la forma de administrar la justicia, sin cuotas de poder, desechando asesores contaminados que están al lado de ciertos vocales que en el pasado y por conocimiento del colectivo judicial y de abogados fueron los vivos que acudían al cohecho. Cuánto me entusiasmó que por el bien de la moral los trapos sucios se laven fuera de casa para que conceptúe la villa y se ponga en el camino del bien a los prepotentes jueces que persiguieron a la gente y que -como Correa- se creen hasta ahora predestinados a pisotear la conducta de los abogados y de los usuarios (sabelotodo, cada uno tiene su propio procedimiento y norma).
Están quedando en el olvido la euforia de los escándalos de Odebrecht, la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas, el proyecto Palo Azul, la Refinería del Pacífico, las hidroeléctricas, las carreteras con sobreprecios, los puentes, la mega obra pública, la construcción de las UPC con todo caballos, el secuestro al ex diputado Balda, el caso Gabela, la detención y sentencia arbitraria al diputado Galo Lara. En el momento nos colocamos a presenciar lo de la delincuencia organizada (cleptocracia), están implicados Correa y su cúpula, los dineros pagados dolosamente por el gobierno de Correa para promover la defensa del Estado en contra de la Chevron con la campaña ‘La mano sucia de Chevron’, el delito de lesa humanidad del 30-S, y se remata con las transgresiones cometidas por los Asambleístas acusados de cobrar ‘diezmos’ a sus asesores y asistentes (extorsión viejísima, “antes robaban con medida”). Los ecuatorianos quedamos a la espera de que la Justicia actúe sin posición alguna en contra de los gorrones. (O)

Hasta la próxima parada, dónde me deje el Tren Bala

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