El Ecuador vive circunstancias inimaginables que hacen difícil el cumplimiento de administrar el país. La altísima deuda externa y la interna con instituciones básicas como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sumado el impacto que ha tenido la galopante corrupción, remueven en lo más íntimo el sentimiento y la conciencia de los ecuatorianos. En estas circunstancias siempre será importante reflexionar sobre la vigencia de un Estado de Derecho, esto es la apertura para que toda sociedad mínimamente organizada, es decir, todas las personas y organizaciones que la conforman sean cumplidoras del marco constitucional, legal y normativo vigente, bajo el principio de que este se presume conocido y su ignorancia no es excusa para no observarlo. En consecuencia un Estado de Derecho es el ingrediente básico para que una sociedad se desarrolle armónicamente, teniendo como meta la prosperidad.

El viernes 26 de noviembre de 2021, la Asamblea Nacional, -nuestro Parlamento- , fue escenario de un hecho histórico en el devenir de la actividad  de esta función política del Estado. En la sesión del Pleno al concluir la misma, no fue aprobado, negado, modificado o archivado el Proyecto Económico-Urgente de Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, enviado por el Presidente de la República, concluyendo este acto parlamentario con la declaratoria de clausura de la sesión por parte de la señora Presidente de la Asamblea Nacional Abogada Guadalupe Llori, procediendo de inmediato a informar al Presidente de la República en este literal sentido.

Lo sucedido el viernes 26 de noviembre ha sembrado en los ecuatorianos serias dudas. Por qué si todos los partidos  y movimientos políticos señalan que no aprobarán la creación de más impuestos, con este acto legislativo permiten que se lo haga en la forma como el Ejecutivo lo planteo. Cual podría ser la razón para que estos grupos políticos plenamente identificados en la Asamblea no se hayan pronunciado por la disminución del gasto público  y dejar que la visión del Ejecutivo prevalezca en cuanto al incremento de los ingresos fiscales –vía procesos recaudatorios- . Cuál es la razón de los grupos políticos representados en la Asamblea,  para  pasarse debatiendo en la Comisión Especializada y luego en el pleno Parlamentario y no lograr un consenso, para que este proyecto  -haya sido aprobado,  negado, modificado o archivado- y como corolario que la máxima autoridad del Parlamento declare inmediatamente clausurada la sesión, sin hacer ningún intento por suspenderla. La actuación del Correismo en este caso, demuestra que ese grupo mayoritario de legisladores tiene como objetivo central de su actividad en el Parlamento buscar formas de solucionar los sinnúmeros de casos de corrupción en sus largos quince años de ejercicio del Poder del Estado, es decir, utilizan el poder político otorgado en las urnas para hacer hasta lo inverosímil para lograr indultos y/o archivos de causas en las que están involucrados miembros de su partido político. Estas y otras elucubraciones se desarrollan en la conciencia de una gran mayoría de ecuatorianos.

El Presidente de la República ha desmentido categóricamente que algún acuerdo con el Movimiento UNES con mayoría de curules en el Parlamento y que con su abstención,  haya permitido que el Proyecto de Ley de  Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal haya sido aprobado bajo el imperio del  “ministerio de la ley”,  cumplidos los plazos establecidos para este fin, sin ninguna modificación, es decir, conforme lo remitió el Ejecutivo.  Los legisladores de las bancadas de Izquierda Democrática y Pachakutik, lanzan sus acusaciones al bloque mayoritario de UNES, señalando que con su abstención se evidencia un pacto con el gobierno, mientras que otro partido político -el PSC- trata de presentarse distante del tema. En los próximos días o semanas podremos tener un mejor panorama de este entuerto, esperemos que la aprobación de esta ley económica urgente no haya tenido acuerdos “políticos” que tengan costos superiores a la endeble moral pública,  que hagan que la palabra pierda valor y  los principios falseen, No nos olvidemos que aquellos que montaron la corrupción utilizaran todas las herramientas a su alcance para eludir la justicia. 

El Art. 140 de la Constitución de la República señala en su tercer inciso, que, “Cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la presidenta o Presidente de la República lo promulgará como decreto – ley  y ordenará su publicación en el Registro Oficial…”. Por eso en este caso se produjo la entrada en vigencia  bajo la autoridad o ministerio de la Ley.

Sin un Estado  de Derecho transparente, no podremos prosperar, la corrupción seguirá campante y corroerá los cimientos mismos de nuestra débil democracia, seguirá siendo la peor amenaza contra la seguridad individual y colectiva, no despegaremos a un crecimiento económico y social sustentable y destruirá la poca fe y esperanza que nos va quedando.