Los Estados administran los recursos que pertenecen a todos los miembros de la sociedad. Los encargados de hacerlo son políticos y no necesariamente técnicos. A la hora de decidir, la gran mayoría de decisiones privilegian el interés político antes que el interés de la sociedad. Es así como la sumatoria  de decisiones políticas que no tienen un sustento técnico y por tanto no son sostenibles en el tiempo, desfiguran la gestión fundamental del Estado, que debe ser primeramente garantizar salud, educación y seguridad de la forma más eficaz y eficiente posible. Los recursos jamás serán suficientes para atender las crecientes necesidades de la población, ni siquiera en estos campos. Por ello, el Estado debe promover el desarrollo económico global en la esperanza de que cada núcleo familiar sea económicamente autónomo y pueda compartir estas responsabilidades.

Con motivo de la aprobación de la primera norma legal que busca fomentar la inversión productiva, entre otras cosas, se han establecido parámetros para el manejo presupuestario y endeudamiento público, que ha superado los sesenta mil millones de dólares, que deberán ser pagados POR LOS CIUDADANOS a través de impuestos y con los escasos recursos petroleros que nos quedan. El presupuesto general del Estado supera los treinta mil millones de dólares para este año. LA TERCERA PARTE será para pagar intereses y parte de capital. Entonces se hace indispensable racionalizar el gasto público y corregir las distorsiones que cada gobernante nos ha dejado. La lista es larga y librarnos de estas pesadas cargas conlleva un sacrificio político que muy pocos están dispuestos a hacer. Uno a uno, han dejado que “el siguiente” lo resuelva.

Así nos enfrentamos en estos días a resolver el viejo problema de los subsidios. No vamos a salir de esto rápido ni fácilmente. Pero la sociedad debe enfrentar la realidad y resolverlo, más allá de lo que piense el gobernante de turno. Debemos asumir la responsabilidad de cuidar la sostenibilidad económica del país de nuestros hijos. La pregunta del millón sería: ¿Debe el Estado subsidiar indiscriminadamente a los ciudadanos ecuatorianos en aquellos servicios que justifique hacerlo?

El Gobierno ha empezado por cuestionar el subsidio a los combustibles. El presupuesto del 2018 incluye 1,707 millones de dólares para pagarlos que puede ser superado, por el incremento de precio del petróleo. Es una cifra enorme. Mientras que el sistema de salud está al borde del colapso. El presupuesto de salud y educación es inferior al servicio de la deuda. No alcanzan los recursos para que recibamos un servicio integral de calidad. La infraestructura no es suficiente para cumplir con el mandato constitucional. Cabe entonces que nosotros, los ciudadanos, tomemos decisiones. No es comprensible que el Estado asuma el pago parcial de gastos de las personas que SI pueden manejar responsablemente su economía y gastar lo que puedan pagar. Mientras que es justo y necesario que se extienda la mano con subsidios puntuales y bien dirigidos hacia las personas que NO pueden pagar lo básico en su alimentación, salud, transporte, educación, seguridad, entre otros.

Llega la hora en que debemos dejar de lado el discurso político y demagógico para asumir responsablemente la obligación moral de poner un alto al despilfarro de los recursos económicos y corregir las distorsiones. Un gran sector de la población necesita que el Estado cumpla con su papel haciendo uso eficiente de los recursos y le brinde una verdadera oportunidad de construir un futuro sostenible con sus propias manos. Debemos eliminar la demagogia en el manejo de los subsidios que benefician a muchos que no lo necesitan, en perjuicio de otros que silenciosamente piden auxilio. ¡Racionalicemos los subsidios! (O)

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