Ecuador está viviendo la crónica de una muerte anunciada. Me refiero a los tristes episodios que vivimos en octubre 2019, que dejaron perjuicios a toda la población, pues de una u otra manera llegaron los efectos del paro nacional a comerciantes, agricultores, artesanos, niños, discapacitados, adultos mayores e inclusive vendedores informales. La primera conclusión es que no hemos aprendido nada ni hemos tomado correctivos para identificar las causas de aquél levantamiento, que sus líderes le han llamado “estallido”. Parece una pesadilla, pero estamos viviendo por segunda vez la invasión del sector indígena a las ciudades, en protesta por derechos que consideran conculcados.

El fondo de estas diferencias entre habitantes del territorio ecuatoriano, lo encontraremos desde la conquista española, cruzando por la época de la Colonia y profundizado en la época Republicana. Quizás la segunda reflexión en busca de culpables, nos lleva a concluir que todos los habitantes de esta bendita Tierra tenemos algún grado de responsabilidad.  Podría ser el egoísmo innato en el ser humano que no ha permitido voltear la mirada hacia los desposeídos, aunque no fuera nuestra culpa por acción, sino tal vez por omisión. Lo cierto es que un segmento importante de la población sobrevive con carencia de servicios básicos y no recibe ayuda estatal para asegurar un nivel digno de vida en salud, educación y alimentación.

Del otro lado de la medalla, está el resto de la población, que bien o mal se ha adaptado al sistema de libre mercado que impera, con muchas distorsiones, en todo el mundo occidental. La iniciativa privada les ha llevado a emprender actividades autosustentables de todo orden, que en muchos casos fracasan como es natural, pero que en otras se consolidan con mucho esfuerzo con el paso del tiempo. El Estado mira a esta clase de emprendedores y empresarios de todo tamaño como los generadores de recursos para que políticos puedan cumplir de alguna manera los generosos compromisos de campaña. Esta polarización ha creado dos sociedades, los que salieron adelante y los que no pudieron hacerlo. Así es como estos dos mundos se enfrentan, aupados por políticos que no dudan en sacar ventaja a su favor, de estas diferencias.

El modelo económico que impera en nuestro país es de libre mercado, pálido reflejo del neo liberalismo que ya tiene casi un siglo de existencia y propugna una limitada intervención del Estado, dejando amplio espacio para la iniciativa privada. La libre oferta y demanda, en el mediano y largo plazo, debe ser capaz de equilibrar estas dos fuerzas que finalmente determinan el costo de los bienes y servicios que requiere la población. No siendo perfecto este sistema, nos ha servido bastante bien en los últimos 22 años de vigencia de la dolarización,  gracias a lo cual hemos tenido inflaciones nunca antes vistas de apenas 1 o 2 por ciento anual. Pero debemos tener conciencia que si en cualquier producto se reduce la oferta de productos, los precios se elevarán, y viceversa. Así ocurre con el petróleo, alimentos, medicinas o cualquier otro en que por razones temporales o permanentes, pueda tener un desfase entre oferta y demanda. Entonces, no podemos echar la culpa al Gobierno de turno por las fluctuaciones en los mercados globales. Son los riesgos del modelo.

Las demandas del sector indígena, que por razones estratégicas cobija a otros sectores de la población, deben ser escuchadas. Se pretenden soluciones que en la mayoría de casos no son sostenibles y se alejan de un modelo económico saludable que no administre demagógicamente los escasos recursos, pues esa política es “pan para hoy y hambre para mañana”. Construyamos un modelo adecuado a nuestra realidad.

¡DESACTIVEMOS LA BOMBA! (O)