En nuestro país se dan situaciones que avergüenzan a la sociedad, desdicen de un verdadero estado de derecho, contribuyen a la desinstitucionalización, genera inseguridad jurídica y abona en catalogarlo como un Estado fallido. La suspensión por 90 días al mismísimo presidente de la Corte Nacional de Justicia -máximo representante de una de las funciones del Estado-, es una raya más que suma al desorden existente. Esta medida ha sido adoptada por el Consejo de la Judicatura sin mayor análisis.
Es una lástima lo que está sucediendo. Estamos camino a la descomposición, a menos que se corrija estos excesos y se adopten las medidas necesarias. Esta acción es parte de las movidas del conocido grupo que quiere el caos, para tomarse por asalto las altas dignidades de la asamblea, incluida la comisión de fiscalización. Buscan, además, tumbar a la eficiente Fiscal General, y contar con un Contralor de bolsillo, con la finalidad de desvanecer glosas, escondiendo la basura debajo de la alfombra de la corrupción.
Un país carente de una institución fuerte en la esfera judicial, simplemente es un país sin futuro y ambiente, para mantener una sociedad con seguridad jurídica, que garantice los elementales derechos de los ciudadanos, como la vida, salud, propiedad privada, el trabajo digno, la seguridad, etc. Como dijo Simón Bolívar, “la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad”. No existe justicia sin libertad y libertad sin justicia, combinación idónea e inseparable que hace a un país respetable.
No puede existir un Estado de Derecho sin una función jurisdiccional íntegra y creíble. Se está llegando al límite de la incultura por la inconsulta forma de aplicar la ley, torciéndola cuando se trata de vendettas políticas o intereses obscuros por parte de ciertos personeros. El Consejo de la Judicatura no ha dado explicaciones creíbles: todo apunta a ser una especie de conspiración coludida con los desestabilizadores de profesión. Si mal no recuerdo, este caso es el primero que se ha dado en el país, lo que hace aún más preocupante.
Los países que más se han desarrollado en el mundo, son aquellos donde la ley y la sana aplicación de la justicia -como demostración del deber ser-, es el norte y el objetivo de una sociedad libre. Sus jueces son escogidos de entre los mejores juristas, más sabios e impolutos, que ejercen sus atribuciones apegados a principios y al derecho. Se ha recurrido al ya manoseado recurso de protección para revertir la resolución del Consejo de la Judicatura, pero sin suerte; por tanto, la consiguiente apelación será resuelta por la corte provincial de justicia del Azuay.
Este singular hecho se inscribe en las memorias folclóricas de un Ecuador que vive de rarezas permanentes y espectáculos que rayan en lo ridículo. Esperemos que se enmienden los errores y los excesos. No se puede torcer la ley y el derecho para favorecer a quien no tiene la razón, pues la injusticia genera violencia y ésta deviene en caos. Por ello, “si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo” (Albert Camus). (O)