Ayer fue el último día de la Superintendencia de Comunicaciones, herramienta de presión creada por el correísmo para callar a los medios de comunicación independientes, evitando así cualquier tipo de oposición a su gobierno.
Se cerró esta nefasta institución una vez cumplidos los procesos legales y administrativos que forman parte del plan de cierre que debía ejecutar la institución de acuerdo a las reformas de la Ley Orgánica de Comunicación publicada en el Registro Oficial el 20 de febrero de este año.
Esta superintendencia creada en el 2013 tuvo como titular a Carlos Ochoa, quien se encuentra prófugo, sustanció 1344 procesos, 550 de oficio, cobró 754 690 dólares por multas a medios de comunicación.
Esta maquinaria creada para acabar con la libertad de expresión en el Ecuador gastaba casi cinco millones de dólares anuales y dio cabida a 280 burócratas.
La pregunta es qué sacó nuestra sociedad de un engendro como el que ayer fue enterrado. Se podría decir que nada, pues el bien supremo que es el derecho universal a la información y al estar informado fue gravemente herido, pues sin libertad de expresión no hay democracia.
La maquinaria estatal alargó sus tentáculos a todo nivel para crear una época de terror y de infamia donde la amenaza y la impunidad campearon, todo esto aderezado por unas interminables sabatinas que sirvieron de tribuna para insultar a los medios de comunicación y a los comunicadores que tuvieron que soportar el látigo de una lengua viperina que no logró subyugarlos.
La reciente historia debe servir de ejemplo a la sociedad actual y a las futuras generaciones, no puede haber democracia real si no hay un ejercicio libre y profesional de la comunicación. En un abrir y cerrar de ojos casi perdemos por completo la libertad de expresarnos, será nuestra responsabilidad defender este bien supremo y consolidarlo en pos del bien común.(O)